Auditoría Pública nº 72. Revista de los órganos autonómicos de control externo

su Reglamento. Según la información recabada para la auditoría, una cuantía significativa del gasto total de la GSS se destina al pago de esta prestación. Su ejecución presupuestaria ascendió en 2015 a unos 800 millones de euros, de los cuales aproximadamente 73 millones de euros se destinaron a la RGC, lo que supone el 9% del gasto total de la GSS y el 18% de sus transferencias corrientes. La mitad se concentra en las provincias de León y Valladolid. Además de ser relevante, dicho gas- to presenta a su vez un continuo crecimiento, habien- do experimentado un aumento del 163% con respecto a 2011, año de entrada en vigor de esta prestación en Castilla y León (Ver gráfico). También el número de ti- tulares en nómina ha aumentado progresivamente, pa- sando de 5.285 a 31 de diciembre de 2011 a 11.830 a fi- nales de 2015, y lo mismo sucede si se tiene en cuenta el número total de beneficiarios de la prestación según los miembros de su unidad familiar o convivencia, que au- mentan de 12.975 a 29.347 entre dichas fechas. No sigue sin embargo la misma tendencia, como se observa en el grafico siguiente, el número de solicitudes presentadas ya que, de las 57.140 presentadas en el periodo analiza- do, 14.719 lo hicieron inicialmente, disminuyendo hasta 8.636 en 2015. Esta evolución pone de manifiesto que el incremento del gasto no viene motivado por un mayor número de solicitudes presentadas desde la entrada en vigor de esta prestación, sino sobre todo por la perma- nencia en nómina de los perceptores, que como se ha estimado en la auditoría realizada era de una media de 3 años. Esta cronicidad se manifiesta también en el he- cho de que aproximadamente un 14% de los titulares a 31 de diciembre de 2015 percibieron la prestación todo el periodo analizado, y un 8% de ellos proceden de los antiguos ingresos mínimos de inserción (IMIs). Ello im- plica un traslado de la carga de trabajo en la gestión de la fase de solicitud inicial y reconocimiento de la renta a la fase propiamente más de seguimiento y cumplimiento de la finalidad. La eficacia de la gestión de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León 39 Auditoría Pública nº 72 (2018), pp. 37 - 46 De la sucinta descripción realizada hasta ahora de la RGC, se puede colegir que la comprobación por parte del auditor de la eficacia de la actuación del órgano ges- tor ha de enfocarse en una doble vertiente. Una primera en la que será necesario incidir en el correcto reconoci- miento y seguimiento de la prestación, en la medida que solamente debe percibir esta prestación el colectivo que cumpla los requisitos para ser considerado que se en- cuentra en una situación de exclusión social, detectando y evitando situaciones fraudulentas como el falseamien- to de las condiciones o la economía sumergida. La otra vertiente se orienta más a identificar las actuaciones del órgano gestor encaminadas a que los perceptores de RGC salgan de su situación de exclusión y se integran en el mercado de trabajo. Para este doble reto se consta- tan múltiples dificultades. En primer lugar, cuando se analiza el procedimien- to objeto de fiscalización hay una evidente complejidad dada tanto por las múltiples unidades administrativas intervinientes y sus interrelaciones, como por el hecho de que la RGC se configura como un derecho subjetivo, obligatoria en su provisión y públicamente garantizada