Auditoría Pública nº 72. Revista de los órganos autonómicos de control externo

rren normalmente dos años en los expedientes clasifica- dos como coyunturales y más de uno en los clasificados estructurales desde que se concedió la prestación sin efectuarse ninguna revisión. A su vez, las efectuadas no obedecen a una sistemática ni a un plan de actuación establecido con carácter periódico. También redunda en una menor eficacia el tipo de seguimiento llevado a cabo, puesto que los CEAS en el ejercicio de sus actua- ciones se apoyan en mayor medida en las comparecen- cias del perceptor de RGC en sus propias dependencias más que en las visitas domiciliarias, y la mayoría de las incidencias que se detectan provienen más de hechos comunicados por los beneficiarios de la prestación y no tanto de actuaciones practicadas de oficio. Todo ello aumenta el riesgo que asume la Administración para garantizar que aquellos beneficiarios que están perci- biendo la prestación sean los que deben percibirla. Esta situación exige medidas dirigidas a implementar un plan anual de seguimiento que promueva y garantice al menos las siguientes actuaciones: • Consultas a bases de datos de manera unifor- me con una frecuencia mínima anual. • Coordinar sus actuaciones con las llevadas a cabo por los técnicos de los CEAS de las cor- poraciones locales respetando la periodicidad de seis meses exigida en el procedimiento, así como promover prácticas proactivas en la que el órgano administrativo tome la iniciativa a la hora de detectar posibles incidencias, como el aumento de actuaciones practicadas de oficio apoyadas en mayor medida en la realización de visitas domiciliarias. • Informes acreditativos del cumplimento de obligaciones y compromisos así como del gra- do de consecución de los objetivos estableci- dos en el PII. • Potenciar la colaboración en materia de segui- miento de las entidades que intervienen en el ámbito de la inclusión social. Vistos los problemas que plantea en su tramitación reconocer y seguir una prestación de RGC, que condi- cionan en definitiva la eficacia de la actuación de Ad- ministración, más relevantes aún son los que afectan al cumplimiento de la finalidad que se persigue por los poderes públicos con el pago de esta prestación, que no es otro que el de integrar socialmente a los beneficiaros de la RGC a través de itinerarios de inserción que se plasman en proyectos individualizados (PII). Esta tarea se elabora para aquellos expedientes que han sido cla- sificados como estructurales que, como ya se dijo an- teriormente, son la inmensa mayoría. El cumplimiento de esta finalidad enlaza por tanto con el diseño y segui- miento del PII y se materializa en la consecución de los objetivos plasmados en él. La eficacia de la gestión de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León 43 Auditoría Pública nº 72 (2018), pp. 37 - 46