Auditoría Pública nº 73. Revista de los órganos autonómicos de control extreno

conflicto posible en la normativa aplicable a cada caso. De esta forma, aún a costa de perder una cierta se- guridad jurídica, se ha conseguido no estar en situación de inferioridad frente a operadores económicos interna- cionales, en cuanto a instrumentos jurídicos aplicables. De no haberse dotado de la citada flexibilidad, dicha situación de inferioridad podría haber provocado una merma en la eficiencia y la eficacia del Sector Público nacional que derivase en una p é rdida de oportunidades frente al exterior, y que podría haber supuesto, en algunos casos, una situación de desventaja frente al mismo o incluso situaciones de competencia desleal que podrían haber afectado a nuestra propia competitividad, por falta de unos instrumentos jurídicos adecuados que permitiesen acomodar nuestra legislación y nuestros requisitos contractuales a las necesidades del caso concreto. Dicho régimen especial configurado por el legislador está marcado por la citada nota de la flexibilidad y por la aplicación de unas normas mínimas que permitan conseguir los objetivos anteriormente planteados, inspirándose en el espíritu que impregna la LCSP mediante la utilización de los principios generales en los que ésta está basada. La contratación pública en el exterior 103 Auditoría Pública nº 73 (2019), pp. 95 - 104 BIBLIOGRAFÍA Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudi- cación de contratos de concesión. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 94, de 28 de marzo de 2014, pp. 1 a 64. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contrata- ción pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 94, de 28 de marzo de 2014, pp. 65 a 242. Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 216, de 20 de agosto de 2009, pp. 76 a 136. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 272, de 9 de noviembre de 2017, pp. 107714 a 108007. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, núm. 236, de 2 de octubre de 2015, pp. 89343 a 89410. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, núm. 236, de 2 de octubre de 2015, pp. 89411 a 89530. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española. Boletín Oficial del Estado, núm. 77, de 31 de marzo de 2015, pp. 27244 a 27258. Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Segu- ridad. Boletín Oficial del Estado, núm. 184, de 2 de agosto de 2011, pp. 87415 a 87461. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, de 31 de octubre de 2007, pp. 44336 a 44436. Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín Oficial del Estado, núm. 167, de 14 de julio de 1998, pp. 23516 a 23551. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, núm. 119, de 19 de mayo de 1995, pp. 14601 a 14644. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce- dimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, núm. 285, de 27 de noviembre de 1992, pp. 40300 a 40319.