Auditoría Pública nº 73. Revista de los órganos autonómicos de control extreno

les puede ser un punto de partida para poder dibujar mapas de riesgos de acuerdo con la realidad de las re- laciones entre administraciones y operadores económi- cos. La información podrá ser igualmente completada con la generada en las Instituciones de Control Externo (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas) que en su función fisca- lizadora de la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos y del sometimiento de la actividad eco- nómico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión también permitiría com- pletar dicho mapa de riesgo a partir de datos reales de la actividad económica de las administraciones públicas. A la hora de definir el mapa de riesgos y la posterior estrategia de gestión es esencial partir de los estudios previos existentes, los cuales pueden aconsejar intensi- ficar el número de indicadores y la frecuencia de fiscali- zación en determinados sectores. Este sería el caso por ejemplo de los riesgos vinculados a actividades fraudu- lentas o de corrupción en la contratación pública. La OCDE ha realizado estudios en los que se acredita que cerca una tercera parte de los contratos que presentan problemas de integridad se localizan en cuatro sectores productivos (OCDE, 2014) (véase figura 5). La gestión sistemática del riesgo en la contratación pública. Una oportunidad para la mejora 25 Auditoría Pública nº 73 (2019), pp. 17 - 28 Figura 5: Casi dos tercios de los casos de soborno internacional ocurren en cuatro sectores productivos. Fuente: Tra- ducción de los autores de Análisis de la OCDE de casos de soborno internacional concluidos entre el 15/02/1999 y el 01/06/2014 A la vista de estas cifras que dejan al descubierto la mala praxis asentada en determinados sectores económicos, las estrategias y políticas de gestión del riesgo a nivel estado deben formularse para ser lo más efectivas posibles en la fiscalización y la regulación de la contratación pública. En cualquier caso, y a modo de conclusión sobre esta primera etapa en la gestión del riesgo, conviene recor- dar que la evaluación del riesgo en el proceso de con- tratación persigue asignar a cada riesgo una calificación en términos de probabilidad de ocurrencia (con base en la frecuencia) e impacto que puede producir el evento si se materializa (consecuencias). Y, entre las fuentes de información para estimar esa probabilidad e impacto podríamos recurrir, entre otros, a: Registros anteriores de la ocurrencia del evento en procesos de contratación propios y de otras Entidades; Prácticas y experiencia de