Auditoría Pública nº 73. Revista de los órganos autonómicos de control extreno

La evaluación de políticas de gasto en el ámbito del presupuesto de los ministerios. Impacto de la evaluación como técnica de control del gasto 89 Auditoría Pública nº 73 (2019), pp. 87 - 94 los Fondos Estructurales. La implementación del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarro- llo Regional (FEDER) «convierte a la Comisión Euro- pea en el actor clave de la evaluación prácticamente en toda la Europa comunitaria» (Urteaga, 2010, p.41). El surgimiento de la evaluación de programas y ser- vicios públicos podría fecharse en la década de los años 60. El primer grupo de países que impulsó la evaluación de políticas durante esa década (Estados Unidos, Canadá, Suecia y la República Federal Alemana), eran países con una situación económica próspera y con presupuestos en crecimiento que permitían a los gobiernos embarcarse en costosos programas de intervención social, sobre todo educación y salud. En esos momentos las evaluaciones eran utilizadas principalmente por los responsables de programas para la planificación. Sin embargo, el impacto de la nueva situación económica reinante desde finales de los años 70, provocó que las evaluaciones comenzaran a utilizarse para gestionar los recortes presupuestarios, es decir, para «racionalizar» la distribución del presupues- to allí donde los datos no arrojaban los resultados que se habían previsto: reducción de programas ineficaces para recortar los presupuestos. Durante los años noventa en Europa, en países como Irlanda y España, y Alemania desde 1990, casi todos los sistemas nacionales de evaluación estuvieron influencia- dos por la evaluación imperativa de los programas cofi- nanciados por fondos estructurales de la Unión Europea, en virtud de los cuales, durante el periodo comunitario de programación 1994-1999 se exige a los Estados miem- bro realizar actividades de evaluación sistemáticas y obli- gatorias que justifiquen los programas de ayuda. Del mismo modo, y de manera creciente, la impor- tancia se denota en las experiencias de muchas orga- nizaciones multilaterales dedicadas a la cooperación y ayuda al desarrollo, como Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que estimulan y fomentan las evaluaciones de programas por parte de las Administraciones Públicas de los países receptores de las ayudas. Similar interés por la evaluación se evidencia en los informes, recomendaciones o manuales de la Organi- zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde los realizados en los años 80 con sus propuestas de reformas de las Administraciones Públi- cas 1 , hasta los más recientes, como la recomendación referida en 2005 2 al proceso español de creación de la Agencia Estatal de Evaluación. La justificación en la necesidad de evaluar políticas y programas públicos contrasta con las graves limitacio- nes existentes para ponerla en práctica, motivadas por problemas de diseño y ejecución de las propias políticas y programas públicos, las contradicciones de objetivos, las dificultades para medir resultados e impactos, las reticencias de los poderes públicos y los propios gesto- res a su utilización y las limitaciones y contenidos de la propia institución, incapaz, en ocasiones por su ob- solescencia, de responder a las nuevas necesidades de la gestión pública y la gobernanza (OCDE, 2005, p. 9). A pesar de todo ello, la evaluación es, sin duda, uno de los elementos claves del poder político, capaz de ofre- cer una respuesta positiva a la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad del gasto, respondiendo a los retos de la ciudadanía y anali- zando de modo sistemático los objetivos, la implemen- tación y los efectos que genera una acción pública con el fin de determinar su mérito o valor. III. ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS La técnica de la evaluación cobraría sentido si fué- ramos capaces de obtener resultados que acercaran la presupuestación a los ciudadanos; si las políticas públi- cas pudieran arrojar resultados con un alto índice de veracidad antes de ser implementadas. El concepto de política pública es un concepto in- separable del de la noción del análisis de las políticas. El análisis, la evaluación, la investigación aplicada al proceso de formación de las políticas son técnicas al alcance de analistas privilegiados que las utilizan en la necesidad que afrontan las organizaciones públicas para asegurar su supervivencia ya que sólo mediante políti- cas eficaces tanto desde el punto de vista del impacto social que generan como de la eficiencia en la utiliza- ción de los recursos, se podrá legitimar la acción de los gobiernos en una democracia pluralista. En una economía de mercado, sujeto a innumera- bles políticas públicas, las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. La interacción entre la oferta y la demanda determinará la cantidad y el precio de equilibrio de los bienes y servicios transados, encargándose el mercado de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos. Para la existencia de los denominados mercados li- bres es necesario que los gobiernos aúnen sus miras en el control y supervisión de los derechos de los produc- 1 El informe de la OCDE de 1986, aparecido en 1987 como documento publicado “La Administración al servicio del público”, es un clásico en las líneas de trabajo de modernización y mejoras prácticas en los países desarrollados, publicado por el MAP bajo el título ”La ética en el servicio público”en 1997. Pág.7 2 “Economic Survey. Spain 2005. OCDE”, de marzo de 2005, referencia la creación de la Agencia de Evaluación como parte del compromiso del Gobierno español con la mejora de la calidad de la información sobre los servicios públicos, señalando que, para ser efectiva, la Agencia deberá contar con suficientes recursos e inde- pendencia. La versión española de dicho Informe puede encontrarse en la web: http://www.oecd.org/eco/surveys/34599244.pdf