Auditoría Pública nº 73. Revista de los órganos autonómicos de control extreno

los tipos de interés, en los precios y en la balanza exterior, perjudicando, finalmente, la capacidad de crecimiento económico potencial y de creación de empleo. Ello podría acabar en una asignación ineficiente de los recursos productivos lo que en último término im- plicaría destinar recursos, de empleos potencialmente productivos a improductivos afectando a la competiti- vidad de nuestro sistema económico. Por tanto, el primer punto de evaluación de las polí- ticas públicas es analizar el volumen de gasto admisible en el umbral de consistencia con las variables reales y nominales de la economía. Por encima de ese umbral de referencia, cualquier volumen adicional de gasto comportaría una asignación ineficiente de los recursos. Ahora bien, si se logra situar el gasto público en ese nivel de asignación racional macroeconómica, o incluso por debajo, no se está garantizando que no se vayan a pro- ducir distorsiones en la asignación de los recursos que se efectúa desde la esfera de la decisión pública. La cues- tión que se plantea ante esta situación es cómo distribuir ese volumen limitado de recursos de forma racional en- tre las distintas atenciones que demandan el logro de los objetivos de las políticas públicas de gasto. Y es aquí, precisamente donde cobra mayor relieve la necesidad de la evaluación como instrumento de racionalización de las decisiones presupuestarias. La asignación racional y coherente de los recursos pú- blicos, en un marco de fuerte restricción presupuestaria como el actual, exige poner un énfasis mayor en el desa- rrollo y aplicación de sistemas de análisis y evaluación que permitan racionalizar los procesos de decisión entre las distintas alternativas de gasto existentes y, por tanto, opti- mizar la elección entre aquéllas que plantean las diferentes políticas públicas para la consecución de sus objetivos. Las incorporaciones de crédito o los traspasos de los mismos en función de los diferentes programas se han con- vertido en práctica habitual dentro de la asignación presu- puestaria donde una clara identificación de necesidades basadas en una correcta evaluación de las mismas evitaría programas de gasto sin realidad económica en contrapo- sición con programas que carecen de la necesidad vital y que se encuentran dotadas con créditos más que excesivos. Una buena programación, basada en una óptima pla- nificación nos acerca a una gestión presupuestaria eficaz y eficiente donde los recursos se verán asignados a aque- llas necesidades realmente necesarias para la realidad social que están viviendo nuestros Ministerios. VI. CONCLUSIONES La sociedad actual está ávida de conocer resultados, de conocer las técnicas empleadas para la mejora en la gestión de los recursos públicos y conocer el fin real en lo que se invierte el dinero recaudado con sus impuestos. Si sectores como el privado aplican métodos de eva- luación para cualquier sinergia que quieran implemen- tar, con mayor motivo será necesario implementar téc- nicas de evaluación en la Administración Pública donde los recursos públicos son un bien escaso y limitado. El análisis de las políticas públicas y la evaluación de éstas y de sus impactos, se configura como una pieza cla- ve que permite robustecer la adecuada sintonía del Esta- do con la ciudadanía para evitar desconfianza y críticas al funcionamiento y a su vez atinar en la satisfacción de las demandas sociales que legítimamente se invoquen. La transparencia en la gestión pública exige un es- fuerzo por definir previamente objetivos, estrategias, así como los resultados que se esperan conseguir en la im- plementación de las políticas públicas. Desde la óptica presupuestaria se puede afirmar que el grado de transparencia del proceso presupuestario facilita la rendición de cuentas y los trabajos de evalua- ción de la actuación del sector público. Para hacer realidad todas estas premisas, las Agencias de Evaluación deberían situarse en el conjunto de Institu- ciones que juegan un papel relevante dentro del contex- to de las políticas de control y seguimiento. El papel del control interno y su grado de profundidad operacional, la existencia de una oficina presupuestaria, la presencia de organismos de valoración y seguimiento de procesos com- plejos, permite la realización de políticas de evaluación de servicios y proyectos con mayor grado de profundidad. El primer problema que se presenta al analizar siste- mas de evaluación es la dificultad para analizar un mo- delo de aplicación universal para efectuar valoraciones de eficacia. Pero seguramente el aspecto clave que se debería superar es el de evitar la burocratización de los procesos de evaluación. La pregunta que debe hacerse es a qué nivel orgáni- co deberían estar vinculadas las Agencias de Evaluación quienes deberían contribuir al incremento de la infor- mación económica significativa al servicio de los me- canismos de control establecidos en cada país. Su papel puede ser anecdótico si se circunscribe al ámbito de re- comendaciones voluntaristas sin ninguna trascendencia ulterior, en cambio, su actuación podría permitir una mejora efectiva en la organización del sector público si sus sugerencias concretas se convirtieran en nuevos im- pulsos organizativos. La situación de las políticas de evaluación en España se ha desarrollado en base a la programación, seguimiento y ejecución presupuestaria, con las auditorías operativas y con el control económico-financiero permanente. La implantación de la evaluación requerirá de una fuerte voluntad política para impulsarlo y de unos resul- La evaluación de políticas de gasto en el ámbito del presupuesto de los ministerios. Impacto de la evaluación como técnica de control del gasto 93 Auditoría Pública nº 73 (2019), pp. 87 - 94