Auditoría Pública nº 76. Revista de los órganos autonómicos de control externo

1.- INTRODUCCIÓN El diario La Vanguardia publicó el 24 de octubre de 2020 una noticia relevante sobre el destino de los fondos europeos para la recuperación económica, tras la devas- tación social y empresarial causada por la pandemia: “La transformación digital es, junto a la transición ecológi- ca, uno de los grandes principios que inspiran el Plan de Recuperación para Europa. Por eso, la tecnología está presente de forma transversal en la mayoría de progra- mas que canalizarán los fondos de reconstrucción – Next Generation Europe – y el presupuesto europeo. Destacan el Mecanismo para la Reconstrucción (cuenta con la mayor partida, 560.000 del total de 750.000 millones de euros de Next Generation) el programa Horizonte Europa o el Instrumento de Inversiones Estratégicas. Esto significa que todos aquellos proyectos que sean digitales tienen más números para obtener los fondos (en forma de préstamos o transferencias) que aquellos que no lo sean. A escala estatal, se ve muy claro en la hoja de ruta que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó la semana pasada para destinar el primer tramo (2021- 2023) de 72.000 millones de euros correspondientes a los fondos del Mecanismo para la Reconstrucción. La digitalización se encuentra en las políticas de infraes- tructuras, movilidad, reforma de la administración pú- blica, agenda urbana y rural, ciencia y la innovación… y, sobre todo, ‘en la modernización y digitalización del te- jido industrial y de la pyme, turismo y emprendedores’, una partida que solo en los próximos dos años se llevará 12.240 millones de euros, el 17% del total de 72.000 mi- llones” (La Vanguardia, 24 octubre 2020). El viejo sueño de la digitalización de la administra- ción pública, tantas veces postergado desde la promul- gación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, parece que puede disfrutar ahora de su oportunidad de- finitiva. Trece años y unos cuantos miles de millones de euros después, surge la oportunidad de poner orden y concierto en la necesaria y caótica transformación digi- tal de las distintas administraciones públicas en España, que hasta la fecha se ha caracterizado, más que por la constancia, más bien por la improvisación, la austeridad obligada, la ausencia de planificación, la insuficiencia de inversiones, la dispersión de iniciativas y esfuerzos y la frustración de empleados públicos y ciudadanía. El mapa actual de la transformación digital de las diferentes administraciones públicas en España revela lo que ya sabemos: la existencia de alumnos aventaja- dos, la precariedad de los logros conseguidos y la escasa implantación práctica de la administración electrónica, por motivos tan dispares como la falta de medios o las carencias formativas tanto de los empleados públicos como de los usuarios finales. Sigue siendo una imagen común en las dependencias administrativas la cola, la presencialidad, la duda planteada al vigilante jurado de la puerta de entrada, pese a la obligación epidémica de la cita previa y a ciertos avances dignos de aplauso. La cuestión que se plantea entonces, desde el punto de vista del control externo, debe enfocarse desde una doble perspectiva. Por una parte, el control externo debe subirse también al carro de la transformación di- gital, ser beneficiario de los fondos europeos que van a propiciar ese anhelado cambio. Y esta necesidad estraté- gica requiere de una sólida disposición a plantear, desde dentro, las necesidades que conlleva el cambio: desde la tecnología a las personas. Porque toda transformación digital, para tener éxito, debe poner el foco en tres cues- tiones: la tecnología, los procesos y las personas. Por lo tanto, las instituciones de control externo harían bien en coordinar sus propuestas, demandas y necesidades. Es necesario un esfuerzo común y el objetivo claro de pro- ceder al cambio digital de manera simultánea y coor- dinada, evitando el riesgo evidente de crear institucio- nes de varios niveles, dispersas en sus procedimientos y en su modernización. La ausencia de una estrategia compartida de modernización puede llevar no sólo a la constitución de dos grupos de instituciones de control externo –las beneficiadas de la transformación digital y las que avanzan más despacio-, sino también la renuncia a la oportunidad de afrontar actuaciones comunes entre todas, precisamente a causa de la brecha digital interna. Pero esta perspectiva, que requiere tan sólo voluntad de coordinación y un liderazgo compartido, no puede olvidar la segunda amenaza, quizás la más importante. En un escenario de creciente mejora tecnológica de las administraciones públicas, de decisiones de gasto y de aplicación de actuaciones administrativas automatiza- das, de incorporación de algoritmos para la toma de decisiones, de informatización de procesos decisivos, la modernización tecnológica de la auditoría pública y del control externo es entonces imprescindible para el cumplimiento estricto de su misión fiscalizadora. Las instituciones de control externo, para cumplir con su mandato normativo, deben afrontar su transforma- ción digital en sintonía con la administración pública que debe controlar, ya que de lo contrario no estará en condiciones objetivas de realizar esa función de control. Si hasta ahora el cambio digital podía verse como una iniciativa simpática, casi estética, el éxito de la recupera- ción que se ha dibujado en la Unión Europea convierte la modernización de las instituciones de control externo en algo imperativo, indiscutible y obligatorio. 20 Noviembre nº 76 - 2020 AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS