Auditoría Pública nº 76. Revista de los órganos autonómicos de control externo
bien reconocido. De la misma manera que la Alcaldía de París tuvo la brillante idea de señalar en sus alcantarillas que en ellas comienza el mar, para impedir que se con- viertan en el sumidero de nuestros desechos, sería im- prescindible una gran campaña de concienciación que permita visualizar, en cada pantalla y en cada interfaz, que introducir los datos en los sistemas de información con cuidado y calidad es la primera acción necesaria para aprovechar en toda su inmensidad cósmica las po- sibilidades del análisis masivo de los mismos. Se necesi- tan sistemas de información actualizados, manuales de procedimientos y esa cultura del dato ya mencionada. Dicho esto, que parece importante y lo es, conviene empezar señalando y destacando dos experiencias muy llamativas sobre el uso de técnicas big data en tareas de control externo o similares. La primera procede de Co- lombia y la segunda de Brasil, lo que permite además aprovechar la oportunidad para solicitar una visión más objetiva y, si se me permite, menos colonial de los logros alcanzados en otras latitudes, cuyo rigor y profesionali- dad nos pueden servir de ejemplo. En el primer caso citado, varios investigadores han utilizado herramientas de big data y machine learning para analizar la contratación pública en Colombia. Tras analizar más de dos millones de contratos, presentan hallazgos interesantes sobre las variables que influyen –a favor y en contra- en la integridad de la contratación pública (Gallego, Rivero y Martínez, 2020). Aunque es un artículo técnico y a ratos farragoso, merece la pena su lectura para estudiar un uso de este tipo de técnicas que bien podría aplicarse en la Plataforma de Contra- tación del Sector Público en España o en las distintas plataformas autonómicas. El segundo caso es aún más interesante. En Brasil, su Tribunal de Cuentas dispone ya de herramientas ba- sadas en big data para prevenir la corrupción y luchar contra ella. Todas estas herramientas tienen nombres de mujer –como las que existen en España en el ámbito de la ciberseguridad y creadas por el Centro Criptológico Nacional-, lo que ha llevado a la publicación de un es- timulante artículo titulado “ Artificial ladies against co- rruption: searching for legitimacy at the Brazilian Supre- me Audit Institution ” (Neves, Carvalho y Silva, 2019). En este texto de obligada lectura, llama poderosamente la atención un hecho que aportan los propios autores: pese a la disponibilidad de estas herramientas avan- zadas, sólo el 7% de los trabajadores las usan. Excel y Word continúan reinando en el trabajo cotidiano de los auditores, lo que obliga a pensar seriamente en algunos aspectos de la introducción de esta moderna tecnología, y que comentaremos más adelante. En España, el uso de big data ya es una realidad en algunas administraciones públicas, aunque no exenta de cierta polémica. Adrian Todolí ha estudiado su uso por parte de la inspección de trabajo, y defiende que si bien “la Administración tiene la obligación de asegurar que el big data no esté dando como resultado una elección discriminatoria o sin fundamento suficiente; por otro lado, será necesario garantizar cierto grado de transpa- rencia en los criterios utilizados por el big data para to- 26 Noviembre nº 76 - 2020 AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
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