Auditoría Pública nº 76. Revista de los órganos autonómicos de control externo

7 Auditoría Pública nº 76 (2020), pp. 4 - 7 contaminantes (mascarillas desechables, desinfectantes,...). No me parece que seamos más solidarios ahora, ni en cuanto a solidaridad intergeneracional (que los jóve- nes se guarden del virus para proteger a los mayores), ni entre países. EEUU, Rusia, China, la Unión Europea... Cada uno está buscando soluciones para proveer vacu- nas a su población. En este sentido, pensando desde Es- paña soy optimista. El hecho de que haya una estrategia de vacunas de la Unión Europea, en la que España par- ticipa activamente, es una excelente noticia, como tam- bién lo son los acuerdos de riesgo compartido con las compañías que están desarrollando los proyectos más prometedores. De esta forma, se garantizará el suminis- tro rápido de las vacunas que hayan pasado el filtro de eficacia y seguridad y se autoricen por la Agencia Eu- ropea del Medicamento (EMA), y ese suministro será a un precio razonable. Porque el peor de los escenarios hubiera sido el de múltiples compradores públicos frag- mentados, por países e incluso por regiones, compitien- do salvajemente por obtener las vacunas y negociando confidencialmente condiciones de compra con las gran- des multinacionales propietarias de la correspondiente patente. El precio resultante, basado la demanda como disposición a pagar, sería abolutamente disparatado y gravoso para los presupuestos públicos. Eso nos enseña la teoría económica. Afortunadamente, hemos escapa- do de ese mundo contrafactual distópico gracias a la es- trategia europea de colaboración internacional. Pero desafortunadamente Africa y Latinoamérica, en grave crisis epidémica, se encuentran desvalidas. La OMS está intentando poner la solidaridad y el concierto pla- netario sobre la mesa, pero lo tiene difícil en este mundo de «sávese quien pueda!». La distribución de las vacunas será la prueba de fuego de la solidaridad planetaria. A. P.- En una sociedad donde el avance tecnológico invita a que la demanda del factor trabajo, sea cada vez menor, ¿Qué políticas habrían que desarrollarse para asegurar un pleno empleo aceptable y un estado del bienestar sostenible? En veinte años habrán desaparecido la mayor parte de los trabajos hoy conocidos. Ya no quedarán conta- bles, ni taxistas, conductores de camión o estibadores. El número de administrativos, el de operarios en fábri- cas y el de dependientes de comercio se habrá reduci- do sustancialmente. A cambio, habrá nuevos trabajos en un mundo digital, que ahora apenas somos capaces de imaginar. También habrán cambiado las relaciones laborales (estamos entrando en la llamada GiG Eco- nomy), que se podría traducir literalmente por la Eco- nomía del Bolo y consiste en contratar (on line casi siempre) trabajos esporádicos y específicos de corta duración en lugar de establecer relaciones estables con trabajadores mediante contratos laborales. No creo que sea posible conseguir el pleno empleo, por eso la distribución de bienes y servicios tendrá que basarse en otros criterios complementarios a los dictados por el mercado. El ingreso mínimo vital es un primer paso en el reconocimiento de que una parte de la sociedad está excluída del mercado laboral, de forma temporal o crónica, y será difícilmente integrable. En cualquier caso, la mejor prevención individual y familiar contra ese problema es una formación sólida. La educación es más importante que nunca, y en particular la for- mación científica y tecnológica y la versatilidad para aprender a lo largo de toda la vida. A. P.- A su juicio, en este escenario de crisis, con intensa demanda de las políticas y servicios públicos, ¿qué papel deben desempeñar los órganos de control de las administraciones públicas? Los órganos de control de las administraciones pú- blicas son piezas fundamentales para el seguimiento y evaluación de las intervenciones, políticas y de los ser- vicios públicos. El Tribunal de Cuentas, cuyo encargo de fiscalización del sector público y enjuiciamiento de la responsabilidad contable le viene atribuido por la Cons- titución española de 1978, desempeña una importantí- sima labor. Un caso digno de mención es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que ha desarrollado en los últimos años una labor muy valiosa de evaluación de políticas de gasto, más allá del mero control formal de legalidad. Sus informes sobre el gasto público (Spending Review) han abarcado te- mas tan variados como la concesión de subvenciones, el gasto farmacéutico, las políticas activas de empleo, las becas, la I+D+i, la industria, el servicio de correos, los beneficios fiscales o las infraestructuras. Es una lástima que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú- blicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) haya desa- parecido, pues su ámbito era de mayor alcance que el de los organismos mencionados arriba. En plena crisis de la COVID, agosto 2020, un grupo de científicos reclamamos, mediante una carta publicada en la revista Lancet, una evaluación independiente de la ges- tión de la pandemia en España como medio para aprender de los errores, pero también de los aciertos. Si hubieran existido los organismos contemplados en la Ley General de Salud Pública de 2011, como el Centro Estatal de Salud Pública o la configuración de una arquitectura institucio- nal de inteligencia de la Salud Pública colaborando en red, posiblemente no habría hecho falta una petición como la nuestra en el Lacet que, por cierto, secundaron decenas de asociaciones científicas y profesionales españolas. “La COVID ha cambiado los ritmos y el sentido del tiempo”