Auditoría Pública nº 78. Revista de los órganos autonómicos de control externo
REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 78 102 Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el PRTR Gráfica nº 4. Toneladas de óxidos de nitrógeno emitidas por las industrias registradas en el PRTR en 2019 20.000 0 40.000 Castilla La-Mancha Aragón Comunidad Valenciana Toneladas de NOx - NO 2 Castilla y León Madrid (Comunidad de) Navarra (Comunidad Foral de) Balears (Illes) Rioja (La) Extremadura Cantabria 10.000 30.000 Canarias Murcia (Región de) País Vasco Galicia Asturias (Principado de) Cataluña Andalucía 34.464 24.000 20.133 6.512 5.442 5.186 4.812 3.846 3.578 3,160 3.112 3.104 Ciudad Autónoma de Melilla 1.387 Ciudad Autónoma de Ceuta 331 6.678 9.794 12.282 15.877 15.992 En la gráfica nº 5 se muestra el resultado de la simulación de la evolución de la tributación en función del volumen de emisiones que se desprende del tipo de gravamen fijo de Aragón y Cataluña y las escalas de gravamen progresivas en cinco tramos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, de siete tramos de la Comunidad Valenciana y de ocho tramos de Galicia, teniendo en cuenta las reducciones a la base imponible. No obstante, por simplificación, sólo se incluye hasta 10.000 tn/año, por existir sólo una industria que supera ligeramente dicho umbral. De aplicarse en todo el territorio nacional, lamayor tributación se alcanzaría con el impuesto de Cataluña alcanzándose una cuota íntegra de 10,3 millones de euros, que sería cuatro veces superior al de la Comunidad Valenciana. El resto de regímenes (Andalucía, Región de Murcia, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha) muestran menores diferencias situándose la cuota íntegra entre 6 y 7,7 millones de euros, aunque de aplicarse el régimen de Andalucía y Región de Murcia habría más industrias exentas y la carga sería más del doble que en el resto. Los resultados detallados se pueden observar en la gráfica nº 6. La cuota real estimada teniendo en cuenta la localización de las industrias y el régimen aplicable, sería de 2,7 millones de euros, casi cuatro veces inferior a la cuota hipotética estimada que resultaría de aplicar en todo el territorio el impuesto de Cataluña, pero superior a la resultante de aplicar el régimen de la Comunidad Valenciana.
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