Auditoría Pública nº 78. Revista de los órganos autonómicos de control externo

REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 78 144 1. Orígenes modernos de la auditoría El control del gasto público o privado, en general, y el de las inversiones públicas o privadas, en particular, ha existido en las diferentes culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo. En un sentido moderno, el control de las inversiones privadas comenzó a tomar forma en el siglo XIX, como resultado de las crecientes relaciones mercantiles que se derivaban de las actividades de las empresas con una distribución de la propiedad entre numerosos accionistas. La quiebra de algunas de estas empresas llevó a los accionistas a exigir una mayor transparencia en la gestión de las mismas (cfr. Duréndez, 2001, p. 16). Por este motivo, a mediados del siglo XIX se crearon en Gran Bretaña asociaciones profesionales de contables (“accountants”) cuyo objetivo era revisar los estados financieros de las empresas que desearan someterlos a su comprobación. Los “accountants” se distinguían por su cualificación profesional y su independencia respecto de los particulares que les encargaban la revisión de los estados financieros de sus empresas. Al “accountant” también se le denominó “auditor”. El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire , que significa ‘oír’, que a su vez tiene su origen, posiblemente, en que los primeros “accountants” o auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo. En fin, la práctica auditora se consolidó con la aprobación de la Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862. Por tanto, se puede considerar que las auditorías, tal como hoy se entienden, nacen en el sector privado británico en el siglo XIX. a. El origen de la auditoría en España En nuestro país, la profesión auditora se reconoce oficial- mente con la Ley de Auditoría de 1988, si bien la censura de cuentas ya se ejercía desde 1912, con la creación del Instituto de Contadores Públicos de España. Posteriormen- te, surgieron el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y, más adelante, el Registro de Econo- mistas Auditores (REA) en 1982 y el Registro General de Auditores (REGA) en 1985 (cfr. Duréndez, 2001, p. 19). Por otro lado, como se acaba de mencionar, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, reguló por primera vez la actividad de auditoría de cuentas, una vez que incorporó en nuestro ordenamiento jurídico la Octava Directiva 84/253/CEE, del Consejo de la Unión Europea, de 10 de abril de 1984. A esta Ley de 1988 le sucedió la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio.