Auditoría Pública nº 78. Revista de los órganos autonómicos de control externo

83 Los planes de ayuda y de recuperación exigen una fiscalización más allá de la regularidad asumen la tramitación y gestión de las solicitudes, así como su resolución, el abono de la subvención, los controles previos y posteriores al pago y cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada utilización de estos recursos. El Plan Resistir Plus nace en el ámbito de la Comunitat Valenciana 4 con una cuantía inicial de 647,1 millones de euros 5 , y tienen la consideración de beneficiarios de estas ayudas los empresarios, profesionales y entidades no financieras más afectados por la pandemia, de todos los sectores de actividad, con domicilio fiscal en territorio valenciano, con algunas excepciones, siempre y cuando hayan realizado durante 2019 y 2020 alguna actividad económica no financiera y continúen en su ejercicio en el momento de la solicitud y que cumplan con los requisitos específicos de elegibilidad 6 . 1.2 El plan de recuperación impulsado por la Unión Europea Si bien los planes de recuperación se encuentran todavía en una fase embrionaria, resulta conveniente llevar a cabo previamente una breve referencia al plan español, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: “España Puede” (PRTRE). La red de seguridad desplegada desde el primer momento, mediante una importante inyección de recursos públicos para sostener el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias permitió mitigar el impacto económico y social. Sin embargo, las medidas de apoyo a las empresas y las familias no son suficientes para recuperar a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a la senda de inversión y crecimiento potencial previos a la pandemia. Todo ello hizo imprescindible y urgente poner en marcha un plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental. La Comisión Europea adoptó el 16 de junio de 2021 una evaluación positiva del PRTRE . Según la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea, se pondría a disposición de nuestro país una contribución financiera en forma de ayuda no reembolsable por un importe de 69.512 millones de euros. Se desembolsará un importe de 46.592 millones de euros para ser objeto de un compromiso jurídico a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y se desembolsará un importe adicional de 22.919 millones de euros para ser objeto de un compromiso jurídico desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el marco de cogobernanza que lleva aparejado el PRTRE están previstas un gran número de actuaciones que necesi- tan, para su efectividad, de la colaboración de las comunida- des autónomas y también de las entidades locales, siendo en muchas ocasiones los destinatarios de las mismas, bien al 100%, bien compartido con el ministerio competente, según el ámbito competencial de que se trate. 4. Decreto Ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 y Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19. 5. Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 6. Detallados en el artículo 5 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19.