Auditoría Pública nº 78. Revista de los órganos autonómicos de control externo

REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 78 84 Un mecanismo de cogobernanza es la articulación de la concesión de las ayudas entre los ministerios y las comunidades autónomas. Por ejemplo, es el caso del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III), ayudas de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos y al despliegue de infraestructura de recarga. El procedimiento de concesión de estas ayudas es mediante concesión directa a las comunidades autónomas, que deben realizar su convocatoria de ayudas 7 y designar el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las ayudas. 2. Principales riesgos de auditoría El auditor debe identificar y valorar los riesgos relacionados con la materialización de los distintos planes de ayuda y de recuperación, que se instrumentarán mediante la contratación pública, la concesión de ayudas y subvenciones, y la formalización de convenios de colaboración. En mi opinión, el reparto de los fondos debe ser evaluado no sólo desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, sino desde el punto de vista de la gestión, y el auditor debería dar respuesta a algunos de los riesgos inherentes a la gestión de estos planes: Insuficiencia de recursos por parte de las administraciones públicas La gestión de los fondos puede resultar muy complicada debidoados factores: laelevadacuantíade fondoseconómicos que deberán ser canalizados por las administraciones y las carencias de recursos humanos y tecnológicos que las mismas adolecen. Si las plantillas de las administraciones públicas que tienen que gestionar estos fondos no están bien dimensionadas, y los procedimientos no son eficientes, existe un elevado riesgo de no ejecutar los planes previstos. Disminución de mecanismos de controles y garantías internos Uno de los conflictos a los que se enfrenta la administración pública española en la gestión de los fondos europeos de recuperación es tener que encontrar el equilibrio entre un sistema de ejecución de los fondos rápido y ágil, sin renunciar a un sistema de controles y garantías que permita asegurar la adecuada gestión e inversión de los mismos. A este respecto, el Real Decreto-ley 36/2020 incorpora un conjunto de especialidades en materia de gestión, dirigido a simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución del Plan, agilizando y simplificando procedimientos y trámites. Falta de transparencia Los más de 69.500 millones de euros que el Gobierno español recibirá por parte de la Unión Europea en transferencias no reembolsables para la recuperación de la pandemia corren el riesgo de ser objeto de corrupción y mal uso debido a las deficiencias en los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. España obtuvo solo dos de seis puntos en el análisis realizado por el equipo de Access Info Europe sobre su plan para gestionar los fondos de recuperación, por no incluir la publicación de los beneficiarios de estos fondos, los informes a la Comisión Europea, las auditorías de estos fondos ni la publicación de cualquier información referida al gasto de los fondos en formato de datos abiertos. (Open Procurement EU Coalition, 2021). Centralización del Plan El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como está diseñado, es un instrumento finalista de financiación de la Unión Europea vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones. Esto implica desarrollar un plan na- cional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales. Pero el reparto de los fondos se fija a través de las diez políticas palanca y no por territorios. Por tanto, son las conferencias sectoriales de cada una de esas áreas -por ejemplo, de medio ambiente, de energía, la de reto demográfico…- las encargadas de establecer el reparto de esos recursos. Será preciso la implementación de mecanismos eficaces de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública. Concentración de los fondos en pocos actores Si bien muchos de los proyectos estratégicos son impulsados por grandes corporaciones, dadas las características de la economía española, en donde las PYMES y autónomos son los actores que más empleo generan, será preciso que los fondos se canalicen de forma adecuada, y que no se concentren únicamente entre las grandes empresas. Es preciso reforzar lo público y asegurar que también reciben 7. En la Comunitat Valenciana, estas ayudas se han convocado mediante la Resolución de 22 de julio de 2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).