Auditoría Pública nº 79. Revista de los órganos autonómicos de control externo

La Auditoría Operativa de los servicios públicos en Andalucía y el desarrollo de nuevas metodologías 123 Dentro de las Políticas en materia de violencia de género se han fiscalizado diversos servicios de la Consejería de Justi- cia: el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), el Servicio Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y el Turno de Justicia gratuita. El ámbito temporal ha sido principalmente 2018 y series temporales del período 2016-2019. En la Fiscalización del Servicio de Atención a Víctimas de An- dalucía (SAVA), se han fiscalizado mediante Muestreo aleatorio con reposición, estratificado en los 9 centros SAVA en Anda- lucía un total de 228 expedientes. Ha constituido una fiscaliza- ción directa de los expedientes electrónicos del Sistema infor- mático SISAVA, mediante la realización de pruebas analíticas y sustantivas de todas las actuaciones de los técnicos de SAVA en los ámbitos general, jurídico, social y psicológico de aten- ción de las mujeres víctimas de delitos. Se han examinado los historiales de cada una de las usuarias, bajo tratamiento ano- nimizado y agregado, para evaluar las posibles deficiencias del servicio SAVA y la identificación de posibles áreas de mejora. La fiscalización de SAVA ha consistido en: ¡ Análisis de indicadores presupuestarios de Consejería Justicia e interior según los criterios SMART, respondien- do a la pregunta de: ¿Son los indicadores claros, medi- bles, fiables, oportunos y comparables? ¡ Indicador de Eficiencia: gasto por víctima atendida en el Servicio de Atención a víctimas de Andalucía. Se ha fiscalizado también el Servicio Integral de Atención y Acogida de víctimas de violencia de género y menores a su cargo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dirigido por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En esta parte del infor- me, se ha desarrollado un Sistema de indicadores de eficacia y eficiencia sobre las plazas del Servicio Integral de Atención y Acogida a las víctimas de violencia de género y menores a su cargo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como metodología pionera se ha desarrollado un Estudio de Estan- cias Medias (EEM) del Servicio Integral de Atención y Acogi- da, del 100% de mujeres y menores a su cargo en un período plurianual. 2.1. Nuevas metodologías aplicables a los Servicios Públicos de Atención y Acogida El diseño de las Auditorías operativas, al igual que el diseño de la evaluación de políticas públicas es la fase más relevante de la evaluación. Newcomer, Hatry y Wholey (2015), desde una perspectiva instrumental o de proceso, consideran que el diseño “identifica qué preguntas deben ser contestadas, qué datos deben ser recolectados, cómo los datos deben ser analizados para responder a las preguntas y cómo los resulta- dos de la información deben ser empleados”. El diseño de la evaluación permite proveer de la información necesaria para responder a las preguntas de evaluación, buscando de forma simultánea un equilibrio entre los costes de la evaluación y la utilidad de sus resultados. En Andalucía el Servicio público de Atención y Acogida a mu- jeres víctimas de violencia de género y menores es coordi- nado por el Instituto Andaluz de la Mujer y prestado por la empresa AGISE. El Servicio se presta en 3 tipos de centros: centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, cuyos servicios prestados recoge la Orden de 24 de febre- ro de 2010, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio Integral de Atención y Acogida en Andalucía. Los 9 centros de emergencia (8 centros provinciales y el centro de Algeciras), prestan protección y garantizan la acogida inme- diata y atención de emergencia 24 horas al día, durante 365 días al año a las mujeres víctimas de violencia de género y las personas dependientes a su cargo que las acompañen. En estos centros se trabaja sobre la fase de contención de la crisis, valoración y diagnóstico. Según los datos del año 2018, se acogieron en centros de emergencia a 1.013 mujeres víc- timas en Andalucía y 810 personas dependientes al cargo de las mujeres. La ubicación de estos centros de acogida está protegida. Esta medida se toma para garantizar la seguridad de las mujeres y menores.