Auditoría Pública nº 79. Revista de los órganos autonómicos de control externo
Una primera respuesta de las Instituciones de Control Externo a los fondos Next Generation de la Unión Europea recibidos por España 81 excepcionales mediante la emisión de deuda pública por valor de 25.000 millones de euros, por lo que aquellas tendrían que estar culminadas a tiempo para recibir los desembolsos europeos antes del próximo año, amortizar así la deuda anterior y volverla a emitir para financiar las actuaciones del año siguiente. Ello es otro elemento adicional que requiere de la celeridad en los procedimientos que lleven a culminar las acciones comprometidas. Al margen de los fondos NGUE, cabe destacar la suspensión de las obligaciones de estabilidad de los Estados Miembros para los años 2020 y 2021, como medida excepcional tras la pandemia de COVID-19. 2. Antecedentes en la gestión de los fondos comunitarios La Comisión Europea reconoce que España no tiene un buen desempeño en la gestión de los fondos comunitarios. A su vez, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) ha señalado que los gastos con cargo al presupuesto de 2019 de la UE “contienen demasiados errores”, lo que demuestra la necesidad de mejorar los controles con vistas al plan de recuperación contra la COVID-19. El TCUE advierte de fallos en los gastos de alto riesgo, que representaron más de la mitad de las ayudas, sobre todo en los proyectos de la política de cohesión. Su presidente, en particular, señalaba: “Necesitamos normas más claras y sencillas para las finanzas europeas.También ha- cen falta controles efectivos sobre la manera en que se gasta el dinero y sobre si se logran los resultados perseguidos. En estos tiempos de crisis, la Comisión Europea y los Estados miembros tienen una enorme responsabilidad en la gestión de las finanzas de la UE”. El riesgo principal tiene que ver con la capacidad del país para poder identificar, tramitar con agilidad, ejecutar y rendir cuentas de los proyectos que se presentarán para optar a las ayudas. A esto trata de responder el marco de gestión excepcional fijado. 3. El marco de gestión de los fondos NGUE en España El marco básico de gestión de los fondos recibidos vía MRR, en España, viene determinado por las siguientes normas: ¡ Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). ¡ Real Decreto-Ley (RD-L) 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). ¡ Normas autonómicas de vocación similar al RD-L 36/2020 1 . ¡ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). ¡ Orden HAC/360/2021, de 14 de abril. El RD-L 36/2020 pretende mejorar, con sus medidas, la tasa de absorción de fondos de la UE. Para ello, se proporciona, a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos comunitarios, medios adicionales para hacer frente a esta labor. La norma también aspira a generar sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos procedimientos. Otra de las acciones para conseguir sus objetivos es la de acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción, favoreciendo la llegada del dinero a la economía. Finalmente, se quiere incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos NGUE. 1. Entre otros pueden citarse el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía o el Decreto-ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell de Valencia, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19.
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