Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

10 REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 81 ¡ Los fondos que provienen de la Unión Europea son ejecutados en diferentes niveles administrativos. ¿Se ha planteado elTribunal de Cuentas Europeo la conveniencia de encabezar fiscalizaciones coordinadas con otras entidades fiscalizadoras a nivel nacional o regional? Este es un tema muy importante, que se ha hablado muchas veces, la aspiración de que todos los auditores públicos podamos trabajar de una manera coordinada que reduzca incluso el estrés del auditado, pero la realidad es más compleja. Difícilmente se puede hacer una auditoría conjunta o coordinada de manera sistemática. En primer lugar, las distintas entidades fiscalizadoras son independientes, sus mandatos son diferentes. A veces puede haber intereses puntualmente coincidentes que favorezcan la coordinación de ciertas auditorías, pero al final la propia independencia de los auditores hace que cada uno tengamos nuestras propias responsabilidades. Yo lo que sí he visto en los últimos años es la manera en la que se comparten las buenas prácticas, en la que las distintas entidades de auditoría nos coordinamos de una manera más laxa aprendiendo unas de otras. Yo estoy especialmente satisfecho de las jornadas técnicas que el Tribunal de Cuentas Europeo celebra anualmente en Luxemburgo con toda la auditoría pública española, con el Tribunal de Cuentas, con los OCEX y con la IGAE, este año ya en su vigésima edición, que abordarán, por ejemplo, aspectos sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es un esfuerzo que hacemos compartiendo nuestra metodología con la profesión y yo creo que es apreciado por el interés que suscita. ¡ En relación con los fondos NextGenerationEU, ¿son un buen ejemplo de la implicación de todos los niveles de auditoría en el seguimiento de su correcta aplicación? Eso es así porque lo exige en primer lugar el propio reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Por nuestra parte hemos reaccionado de varias formas. En materia organizativa hemos reforzado nuestros servicios, con la incorporación de nuevos funcionarios y expertos nacionales de los distintos países. Desde el punto operativo, en nuestro informe anual de los ejercicios 2021 y 2022 ya hay un capítulo especial con una auditoría de cumplimiento y financiera sobre los pagos que se están haciendo a los distintos países, y en paralelo, desde el punto de vista del rendimiento o buena gestión, se están publicando una serie de informes especiales que están incidiendo en los mecanismos de control, tanto en el ámbito de la Comisión Europea como de los estados miembros. Ahí la acción de los tribunales de cuentas nacionales, y en el caso español también autonómicos, es fundamental, porque forma parte de toda la cadena de informes de las autoridades de supervisión a las que llama el reglamento del Fondo. ¡ ¿Cuál considera que tiene que ser la posición de las entidades fiscalizadoras superiores en materia de lucha contra el fraude y la corrupción? Es un tema que siempre está sobre la mesa. Está claro que las entidades de control financiero no son per se entidades de lucha contra el fraude, no son organismos de investigación de delitos, ni mucho menos tienen funciones policiales, pero es verdad que contribuimos a la prevención del fraude de varias maneras. En primer lugar, la mera existencia de un control financiero que vigila el cumplimiento de las normas ya es un freno, pero también es muy importante para identificar riesgos de fraude en la ejecución presupuestaria. Y luego, de manera inevitable, desde el momento en que la auditoría tiene acceso a un amplio volumen de información de ejecución presupuestaria, de proyectos y contratos, surgen casos de sospecha y, en nuestro caso, tenemos protocolizada nuestra relación tanto con la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude como con la nueva Fiscalía Europea. Por ejemplo, en 2022 se reportaron a la OLAF catorce casos de presunto fraude que se habían detectado en nuestro trabajo de auditoría, y luego, por materias competenciales, seis de esos casos también se notificaron a la Fiscalía. Que los controles administrativos funcionen, y la auditoría pública contribuye a que sea así, es un elemento de prevención y de disuasión en la lucha contra el fraude. ¡ Con carácter general, ¿considera que las recomendaciones de las entidades fiscalizadoras son suficientemente tenidas en cuenta por gobiernos y parlamentos? Ese es el reto. Estas entidades lo que tienen es el poder de la recomendación, sobre la base de un trabajo profesional con estándares transparentes demetodología que se comparten con el auditado y con la sociedad. En el caso del Tribunal de Cuentas Europeo la última memoria incluye el seguimiento de las recomendaciones que formulamos en 2018, de las cuales las catorce correspondientes al informe anual se han ejecutado en un cien por cien, y de las 325 contenidas en los informes especiales se ejecutaron un 80%. Es un ejemplo, pero que esto sea así depende de la proyección de las instituciones de control, la aceptación de nuestro trabajo por los auditados, los parlamentos y la sociedad. Nuestra experiencia es que se está mejorando. También estamos trabajando para que las recomendaciones sean cada vez más precisas y más pertinentes.