Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

Sistemas de denuncias en el sector público español: reflexiones de cara a la aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 157 2. Marco internacional sobre sistemas de denuncias aplicable al sector público español Actualmente, el derecho internacional público al que está sujeto España establece la obligación de los Estados de implementar mecanismos de denuncias en el sector público y de proteger a los denunciantes. Al respecto, en la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” se dispone que cada Estado Parte debe: a) adoptar medidas apropiadas para facilitar a los ciudadanos el acceso a los órganos de lucha contra la corrupción, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado como corrupción, y b) considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con dichos delitos (Organización de las Naciones Unidas, 2005). Por otra parte, en la “Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” se recomienda a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos a España, a garantizar que existan: a) sistemas fácilmente accesibles para denunciar a las autoridades competentes presuntos actos de cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de acuerdo con sus principios jurídicos; b) medidas adecuadas para facilitar la denuncia por parte de servidores públicos, en especial de los comisionados en el exterior —directa o indirectamente mediante un mecanismo interno— a las autoridades competentes de presuntos actos de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales que hayan descubierto en el transcurso de su trabajo, conforme a sus principios jurídicos; y c) medidas adecuadas para proteger contra actividades discriminatorias o disciplinarias a empleados de los sectores público y privado que denuncien de buena fe y con motivos razonables ante las autoridades competentes presuntos actos de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 1997). Asimismo, en la “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública”, se establece que los países adherentes deben ofrecer a los funcionarios públicos la información, formación, orientación y asesoramiento opor- tunos para que éstos apliquen las normas de integridad pública en su centro de trabajo, en concreto deberán: a) Proporcionar normas y procedimientos claros para la denuncia de sospechas relativas a infracciones de normas de integridad, y garantizar, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho interno, la pro- tección, legal y en la práctica, contra todo tipo de trato injustificado derivado de denuncias realizadas de buena fe y razonablemente motivadas. b) Ofrecercanalesalternativosparaladenunciadesospechas de infracciones a las normas de integridad, incluyendo, cuando proceda, la posibilidad de presentar denuncias a título confidencial ante un organismo facultado para llevar a cabo una investigación independiente. c) Implementar un marco de control y de gestión de riesgos que salvaguarde la integridad en las entidades del sector público, garantizando que los mecanismos de control sean congruentes y que comprendan proce- dimientos claros que respondan a sospechas creíbles de infracciones de leyes y reglamentos, y que faciliten las denuncias ante las autoridades competentes sin temor a represalias (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017).