Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

Sistemas de denuncias en el sector público español: reflexiones de cara a la aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 161 ocurrencia, ya sea real o presuntamente sospechada, de una violación de las leyes y regulaciones aplicables, o el código de conducta de la entidad que podrían dañar seriamente a la empresa, si no se toman medidas correctivas. ¡ Las entidades deben designar personal de alto nivel de reputación indiscutible y de amplia experiencia laboral para que se encargue de la gestión y administración de sus unidades de denuncia de irregularidades. Este personal debe tener una gran autonomía dentro de la entidad e informar al nivel más alto posible dentro de la misma. Como parte de los mecanismos de denuncia, una entidad puede designar a una empresa externa, especializada en recibir y gestionar informes de denuncia de irregularidades. Dicha firma debe ser independiente, de reputación indiscutible y debe ofrecer garantías apropiadas de profesionalismo y secreto. Depende de cada entidad individual definir el tipo de canales de comunicación que desea utilizar para fines de denuncia de irregularidades: comunicación oral o escrita, comunicación telefónica (líneas de ayuda o líneas directas gratuitas), comunicación por computadora (Intranet) o cualquier otra herramienta que considere adecuada. Todos los informes de los denunciantes deben ser diligentemente reconocidos, registrados y revisados. Un denunciante, cuyo informe no se considera de buena fe, debe ser informado inmediatamente y dicho informe debe ser ignorado. Si hay abuso del proceso, se pueden prever medidas disciplinarias. Todos los informes de buena fe deben ser investigados por la unidad de denuncia de irregularidades de la empresa y remitidos, bajo estrictas normas de confidencialidad, a la (s) persona (s) o departamento (s) apropiado (s) en la empresa o grupo. Tan pronto como sea razonablemente posible, los principales resultados del examen de diligencia debida deben comunicarse adecuadamente como retroalimentación al denunciante. La persona cuyo comportamiento se ha informado, también debe ser notificada del objeto principal del procedimiento en curso, permitiendo así que esta persona presente objeciones. Todos los empleados deben estar en condiciones de denunciar sucesos graves, sin temor a represalias o acciones discriminatorias o disciplinarias. Por lo tanto, las oportunidades de empleo, remuneración y carrera del denunciante deben estar protegidas por la entidad durante un periodo razonable. Las entidades deben mantener, en la mayor medida posible y en todo momento, la confidencialidad de los datos revelados a través de la denuncia de irregularidades, y la identidad del denunciante (International Chamber of Commerce, 2008). 5. Conclusión España ha transitado en el establecimiento del andamiaje jurídico general que permite el establecimiento de sistemas de denuncias al interior del sector público, en concordancia con el marco internacional de la ONU, la OCDE y la UE, al que es adherente, lo cual se ha concretado con la aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, lo cual significa un avance significativo en el ámbito normativo. Ahora se tiene un nuevo reto por delante, el cual consiste en: a) el establecimiento de directrices, políticas o lineamientos específicos que guíen la operación de los sistemas de denuncias en las entidades del sector público, b) la implementación y funcionamiento efectivo de los sistemas de denuncias, garantizando que estos salvaguarden el anonimato del denunciante y la confidencialidad de la denuncia, y c) la creación y operación efectiva de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, asegurando un desempeño adecuado, independiente y objetivo de la misma para que los sistemas de denuncias cumplan con los fines para los que fueron creadas.