Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

Transparencia y control en las empresas públicas catalanas 29 De acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el ejercicio 2019 (prórroga de los presupuestos del 2017 dado que en el ejercicio 2018 también fueron prorrogados) el presupuesto previsto para el sector público autonómico (sin consolidar) ascendió a 56.095 M€ considerando la administración de la Generalitat, el Parlamento y los entes estatutarios y consultivos, así como todas las entidades descentralizadas. Del presupuesto total 8.570 M€ correspondían a las empresas públicas. 4. Evaluación e indicadores de transparencia y control En el año 2013, en España se aprueba una ley denominada de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que intenta acercarse a los estándares de países con mayor crecimiento económico y desarrollo social. Estos países cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento y el desarrollo social, provocando una mayor fiscalización de la actividad pública que promueve la eficiencia y eficacia de la administración. Los objetivos concretos de la citada ley son incrementar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables de la administración pública, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. En el ámbito dedicado a la publicidad activa establece una serie de obligaciones para los sujetos citados en el artículo 2.1, ámbito subjetivo de aplicación, respecto a la difusión de determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. Para ello, se crea el Portal de la Transparencia entendido como un punto de encuentro y difusión donde se muestre una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. En este portal se clasifican seis apartados: organización y empleo público, altos cargos, planificación y estadística, normativa y otras disposiciones, contratos convenios y subvenciones, e información económico-presupuestaria. Para nuestro trabajo, este último apartado es el que más nos interesa para detectar indicadores relacionados con la información financiera, aunque el penúltimo apartado también nos podría aportar algunos datos. Así pues, en referencia a la información económica y presupuestaria, el portal debe proporcionar datos sobre presupuestos generales (por capítulos y organismos), ejecución presupuestaria, estabilidad presupuestaria (a partir de la central de información económico-financiera), informes de fiscalización (realizados por los órganos de control externo), cuentas anuales e informes de auditoría, y bienes inmuebles. Asimismo, en un segundo apartado, también debe exponer datos relacionados con las cuentas de resultados, el techo de gasto, los créditos extraordinarios, el pago a proveedores, la deuda pública (a partir de las estadísticas del Banco de España), la estadística tributaria (principalmente sobre recaudación), y la rendición de cuentas. En paralelo, se crea y se regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para promocionar la cultura de la transparencia en la administración pública que debe servir para supervisar y garantizar la correcta aplicación de la ley. Para ello, esta autoridad administrativa, deberá elaborar anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. En la memoria del año 2021 se expone que, tras un examen del estado de la institución y del contexto en el que desarrolla su actividad, complementado con un exhaustivo análisis DAFO, se ha elaborado un plan estratégico para el período 2022-2025 en el que se definen los objetivos estratégicos verticales y transversales que configuran las líneas de actuación esenciales para lograr materializar la misión y la visión de la organización y, en un segundo nivel, se perfilan los objetivos específicos que constituyen la base operativa de la planificación para realizar la oportuna medición y evaluación de los resultados alcanzados. En la configuración del proceso de evaluación correspon- diente al año 2022, para conseguir una mayor utilidad de las evaluaciones, se establecen unas fases que pasamos a describir: establecer y publicar en la web institucional el plan de evaluación anual, con un cronograma expresivo de los objetivos; comunicar de manera individualizada a cada una de las entidades públicas y privadas incluidas en el plan el inicio de la evaluación que les afecta y los detalles de la misma que se considere oportuno transmitir; realizar las distintas evaluaciones previstas a lo largo del ejercicio, en las fechas señaladas en el cronograma; publicar en la web institucional del Consejo, con la periodicidad que se haya determinado en el plan, los informes de resultados de las distintas evaluaciones practicadas y, en su caso, las observaciones o comentarios realizados por la entidad evaluada; incorporar a la memoria correspondiente al año los resultados agregados de las evaluaciones practicadas y remitir el documento a las Cortes Generales a finales del primer trimestre. Así pues, tanto desde el Portal de Transparencia como desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se está en la línea de la evaluación de la transparencia y el control, pero todavía cuesta concretar qué indicadores pueden objetivar la