Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

51 Aplicación práctica y principales dificultades de las auditorías operativas con enfoque evaluador “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” W.T. Kelvin, físico y matemático británico. 1. Introducción El desarrollo de una cultura de evaluación de políticas públicas es uno de los principales retos a los que se enfrentan las instituciones de control externo (Tribunal de Cuentas y órganos de control externo de las Comunidades Autónomas) en la actualidad. La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta demejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno fundamental para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía. Todo lo cual redunda en unos servicios públicos de calidad y en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las guías o directrices básicas para orientar a las insti- tuciones de control externo en el proceso de auditorías operativas con enfoque de evaluación se enmarcan en la GUID 9020 Evaluación de las Políticas Públicas, la cual forma parte de un conjunto de pronunciamientos profesionales emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, en adelante, por sus siglas en inglés). A nivel nacional, en diciembre de 2022, se aprobó la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la administración general del estado. A través de esta nueva regulación, la evaluación de políticas públicas adquiere un carácter integral y transversal y se institucionaliza, en línea con las recomendaciones efectuadas tanto por la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, en adelante) como herramienta para fortalecer la institucionalización, la modernización y la cultura de la evaluación de políticas públicas, así como para la mejora, rendición de cuentas y transparencia, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la acción pública.