Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

Resiliencia vs Eficiencia en el ámbito del control del gasto público 83 En el Gráfico 4 se observa el incremento significativo de la inflación durante 2021-2022 en todos los países de la muestra tomada, aunque en algunos empieza a bajar a partir del último trimestre de 2022. La inflación de 2021 se explica por los cuellos de botella en la oferta de medios de transporte y el incremento de sus costes ante una demanda espoleada por las políticas económicas de los países, con el fin de aumentar el consumo y la inversión para así de salir de la escasa actividad productiva originada por la pandemia. En cambio, la inflación de los meses de 2022 recogidos en laTabla 4 se debe en gran parte al incremento de los costes de la energía y de los alimentos en el caso de los países europeos, ocasionado por el conflicto bélico en Ucrania. En EE.UU., la inflación es fundamentalmente de demanda, al igual que sucede en Rusia, donde además está motivada por la escasez de mercancías. China continúa con un nivel bajo de inflación. Al igual que en el caso del indicador PIB, la resiliencia implica volver a los niveles de inflación inferiores al 2% previos a la pandemia y al conflicto bélico, lo que es poco probable que suceda en los países seleccionados en tiempo próximo, a excepción de China que lo logró en la mayor parte de los meses de 2021 y 2022. En consecuencia, la resiliencia aparece para casi todos los países seleccionados en los indicadores del PIB, pero no en los de la inflación. El concepto de resiliencia puede ser empleado no solo en el conjunto de la economía, sino también adaptado y aplicado a todos sus actores, ya sean las economías domésticas, las empresas o las administraciones públicas. En el caso de la inflación, las economías domésticas se ven negativamente afectadas en el consumo debido a la pérdida de su poder adquisitivo, mientras que las empresas lo están por la incertidumbre creada a la hora de invertir. En cambio, a las administraciones públicas les concierne en sentido contrario, es decir, aumenta la actividad de gestión de los fondos públicos que se generan con el “impuesto de la inflación”. Una vez subrayada la importancia que tienen la resiliencia y el análisis de riesgos en la economía nacional y en cada uno de sus actores, el siguiente epígrafe del trabajo pondrá el foco en las administraciones públicas, aunque no en la tarea de gestión de los fondos públicos que llevan a cabo, sino en la de su control. Asimismo, se hará una propuesta sobre cómo mejorar dicho control a partir del concepto de resiliencia. 3. La resiliencia en el ámbito del control del gasto público La resiliencia económica depende de los recursos (humanos, materiales y financieros) de que dispongan las economías domésticas, las empresas, las administraciones públicas o la economía en su conjunto. La resiliencia, por tanto, tiene una especial relación con los recursos y los riesgos que acompañan a su gestión y control. En este contexto, los riesgos de alto impacto, tales como los desastres naturales, las pandemias y los conflictos bélicos, pueden desestabilizar gravemente la actividad económica de los países cuando se convierten en realidad. El papel jugado por las políticas fiscales de los países es muy importante. También lo es el de la política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales, bien sea controlando la inflación (el paradigma es el Banco Central Europeo, cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de precios), bien interviniendo en la reactivación de la economía mediante sus instrumentos financieros (el paradigma es la Reserva Federal de los EE.UU.). En el caso de la Unión Europea, se ha empleado para salir de la crisis de la pandemia, fundamentalmente, el men- cionado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En la tarea de control de los fondos públicos, el artículo 22.1 del Reglamento que lo regula dispuso que los Estados miembros, al ejecutar el Mecanismo, adoptarían todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal efecto, los Estados miembros establecerían un sistema de control interno eficaz y eficiente, pudiendo recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria.