Auditoría Pública nº 81. Revista de los órganos autonómicos de control externo

90 REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 81 Para adaptar este gráfico a los conceptos mencionados, habría que modificar dos de los recuadros centrales. En uno se sustituye eficiencia por resiliencia; y en el otro, recursos por recursos resilientes. Las políticas públicas que son objeto de evaluación se mueven en un trade-off o solución de compromiso entre lograr el impacto previsto de una forma económica, eficiente y eficaz y, por otro lado, mitigar los riesgos relacionados con la gestión de los recursos a emplear, estableciendo coberturas, seguros o garantías ante esos riesgos, a la manera referida en el epígrafe anterior. Es decir, la resiliencia también actúa o debe actuar en la puesta a punto de las políticas públicas. Diferenciemos el concepto de trade-off con el de coste de oportunidad para entender mejor el significado de aquél. Mientras el coste de oportunidad es la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, el trade-off mide el beneficio que obtenemos al adoptar una decisión en lugar de otra. Asimismo, en este trade-off interviene el bienestar social general de la población. La eficiencia debe tener contrapesos (para que no sea eficiencismo ), en particular cuando se trata de políticas públicas. En las empresas privadas son sus directivos las que deciden cuál es su apetito de riesgo; el gobierno solo puede regular o poner límites a ese apetito para dar estabilidad al sistema económico y financiero de la nación. Pero en el sector público la eficiencia, en general, no busca solo el máximo beneficio económico, sino también el máximo beneficio social. Y el beneficio social abarca tanto el beneficio económico como el bienestar social de la población. En este sentido, podemos recordar al economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) quien afirmaba que una asignación eficiente de los recursos corresponde al bienestar social máximo. El denominado óptimo de Pareto, basado en las teorías del equilibrio general de Walras (1834-1910), es criticado hoy en día, pero ha dado pie a que otros economistas sigan avanzando en el estudio del óptimo del bienestar social (Hicks (1904-1989); Kaldor (1908-1986); Bergson (1914-2003); Samuelson (1915-2009); Arrow (1921-2017) 10 . La eficiencia económica en el sentido paretiano sirvió de punto de partida para desarrollar la teoría del bienestar, es decir, la teoría del trade-off entre eficiencia y equidad. Un ejemplo de trade-off lo podemos referir de nuevo al recurso material energético. Anteriormente afirmamos que la resiliencia energética conjuga lograr la eficiencia energé- tica teniendo en cuenta la seguridad energética. Ahora pretendemos afirmar que el trade-off o compromiso en la política pública energética no solo es entre la eficiencia energética y la seguridad energética, sino también entre estos dos parámetros y el bienestar social general, de acuerdo con las teorías económicas en vigor. Es decir, el trade-off energético es el compromiso entre la resiliencia energética y el bienestar social. Dicho lo cual y expresado de forma genérica, el trade- off de una política pública es el compromiso entre el bienestar social y la resiliencia de los recursos empleados apoyados por sus respectivas coberturas. Por tanto, este concepto de trade-off incluye el de resiliencia, que se basa en el mencionado criterio de in medio virtus. El criterio del trade-off o compromiso es aplicable solo a la evaluación de políticas públicas, mientras que el de in medio virtus lo es tanto a la evaluación de políticas públicas como a las auditorías operativas de economía, resiliencia y eficacia. Asimismo, podemos afirmar que trade-off es el modo moderno de aplicar el concepto in medio virtus clásico , donde aquel se fundamenta en el acuerdo de voluntades y este descansa primordialmente en el juicio humano individual. También podemos observar cómo el compromiso o trade- off es característico de los políticos, mientras que el juicio profesional lo es de los auditores, cuando realizan auditorías o cuando, en su caso, evalúan políticas públicas. En suma, cuando se lleva a cabo una evaluación de políticas públicas, se ha de efectuar un análisis de coste-beneficio previo a la implementación de la política pública, en el que 10. Jorge Bustamante Torres (2017), p. 2.