Auditoría Pública nº 82. Revista de los órganos autonómicos de control externo

203 CONCLUSIONES DE LOS XV ENCUENTROS TÉCNICOS OCEX 9. Las auditorías sobre recursos humanos evidencian falta de planificación estratégica en esta área de gestión y ofrecen una oportunidad para promover prácticas que mejoren el rendimiento. En el ámbito de la Universidad, la nueva ley orgánica brinda a los auditores un escenario favorable para analizar el impacto de las deficiencias de cumplimiento de la legalidad en su misión docente e investigadora Los avances tecnológicos y la planificación basada en la eficacia y la eficiencia en el rendimiento no parecen haber tenido impacto, todavía, en la gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas, basada en la necesidad del mayor número de horas de trabajo, el pago de gratificaciones o complementos de productividad cuya efectividad no se ha analizado, o en la externalización directa o indirecta, a través de encargos de ejecución. La gestión de los fondos Next Generation ha puesto de manifiesto las carencias de estas fórmulas tradicionales (que no garantizan, a priori, una mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos), la falta de adaptación y conocimiento de las nuevas tecnologías y las soluciones que estas puede aportar y, por encima de todo, ha revelado la falta de planificación de la gestión de los recursos humanos. En el ámbito concreto de la Universidad, existen tres puntos clave recurrentes en las fiscalizaciones: las limitaciones presupuestarias, que han constreñido la tasa de reposición, una elevada temporalidad y la figura del “falso asociado”, es decir, personal que, pese a su nombre, no cumple los requisitos establecidos, hasta ahora, en la Ley Orgánica de Universidades. En el momento actual, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario tiene que ser vista por el auditor como una oportunidad para profundizar en las ineficiencias de cumplimiento de legalidad ya detectadas en el ámbito de personal, pero, sobre todo, para analizar cómo afectan al propio funcionamiento de la institución académica y al cumplimiento de su misión docente e investigadora. En este sentido, algunas preguntas para tener en cuenta en las fiscalizaciones serían: ¿cuál es el impacto de la elevada temporalidad y de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para determinado personal contratado y hasta qué punto afectan a la docencia y la investigación?, ¿cómo se refleja el incremento de costes de personal en la mejora de la actividad docente e investigadora? A priori, la nueva ley presenta novedades tendentes a combatir las deficiencias que afectan a la carrera académica y laboral del personal de las universidades, refuerza la demanda de una planificación, desde la perspectiva de la gobernanza y la toma de decisiones, y promueve un mayor control interno, independiente y necesario para garantizar que los recursos económicos se utilizan eficaz, eficientemente y conforme a las exigencias legales y reglamentarias. 10. La excelencia y el impacto en las auditorías de cumplimiento requieren la revisión permanente de sus posibilidades y la respuesta a sus desafíos, entre otros, el tratamiento de la confidencialidad, O la fiscalización de la compra pública estratégica Auditorías de legalidad combinadas con elementos de auditoría operativa en la fiscalización de subvenciones o de contratos-programa, sin incurrir en la complejidad de un enfoque exclusivamente operativo; el tratamiento de la confidencialidad por parte de los órganos de control externo; la revisión de la calidad en la auditoría de los estados financieros, superando la tradicional revisión a posteriori basada en el “control de calidad” o la auditoría de los procedimientos de compra pública estratégica, son solo algunos de los ejemplos de los retos a los que se enfrenta la tradicional auditoría de cumplimiento. El legislador está imponiendo con fuerza la consolidación de estados financieros en el sector público local, que será obligatoria para todas las entidades locales a partir de 2024. Su implantación, que no está exenta de dificultades, debería facilitar la prevención y detección temprana de posibles fraudes financieros.