Auditoría Pública nº 82. Revista de los órganos autonómicos de control externo

5. La necesidad de realizar una auditoría operativa horizontal De lo expuesto hasta estemomento se deduce que hay indicios racionales de ineficiencias y debilidades en la administración electrónica de las haciendas públicas. Una auditoría operativa horizontal que pueda llegar a ser realizada en esta materia por los órganos de control externo (con equipos multidisciplinares con asesores o auditores tecnológicos) permitiría tener evidencias para realizar un diagnóstico de la verdadera realidad de la administración electrónica económica. Este conocimiento permitiría a las administraciones saber si tienen margen de mejora y, en su caso, corregir las ineficiencias, los riesgos y debilidades que se detecten. El alcance y objetivos de la auditoría sería: 1. Analizar lo que podríamos llamar la gobernanza del dato económico en cuanto (i) a nivel de los recursos empleados (que pueden ser perfectamente medibles en términos de unidades temporales, económicas o de otra naturaleza), (ii) la interoperabilidad y transmisión automática del dato (tanto a nivel de cada administración como a nivel interadministraciones públicas) y de su calidad, (iii) la efectividad y realidad del dato abierto como elemento básico de la transparencia, y (iv) la utilidad, análisis y uso real interno de los datos disponibles que justifique los recursos públicos aplicados. 2. Conocer y valorar los riesgos y debilidades de los procedimientos electrónicos, con especial atención de (i) los documentos y firmas electrónicos y de (ii) los procesos de automatización. 3. Revisar los procedimientos de contratación de las herramientas tecnológicas que se licitan por las administraciones, que permita conocer (i) el grado de cumplimiento de los principios de concurrencia en la contratación de este tipo de productos y servicios, (ii) el uso de los contratos menores y de procedimientos negociados por exclusividad, (iii) la adecuada presupuestación y fijación de los precios en un mercado muy cautivo, (iv) la gestión de la propiedad intelectual y el nivel de reutilización de lo softwares libres por otras administraciones o entes públicos, y (v) el grado de satisfacción de los usuarios de las diferentes herramientas contratadas. Razones de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y rendición de cuentas deberían justificar la realización de esta auditoría. Existen muchos recursos públicos (humanos y económicos) que se emplean para la gestión del dato y de los procedimientos electrónicos, y su utilidad debería ser valorada para que fuera públicamente conocida por los ciudadanos y por los gestores públicos.