Page 6 - Auditoría Pública Nº 85
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REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 85






         Comunitat Valenciana nos llega el artículo de Lorenzo Pérez sobre la necesidad de afrontar los riesgos y
         oportunidades asociados a la utilización de las herramientas de inteligencia artificial (IA) para su incorpo-
         ración, ordenada y rigurosa, al ejercicio de la función pública auditora;  Francisco Julián Chico, Sindicatura
         de Comptes de Catalunya, titula su artículo “¿Sueñan los auditores con ovejas eléctricas? (Los auditores
         frente a la inteligencia artificial)”; desde la Cámara de Cuentas de Aragón nos llega la colaboración de José
         Luis González que reflexiona sobre qué es y qué no es la IA, señalando que nos encontramos en una fase
         prematura de su desarrollo en la que coexisten limitaciones evidentes con un potencial transformador
         sin precedentes; Eudoro Muñoz San Román, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, también
         reflexiona sobre la IA desde el punto de vista de los desafíos que supondrán para los órganos de control;
         Carlos Huerta, analiza las nuevas normas sobre los criterios de costes para la presentación y auditoría de
         las ofertas en contratos en un entorno no competitivo o mercado imperfecto, en el que opera la compra
         pública de la defensa; “Fiscalización operativa de políticas sociales: desafíos y estrategias” es el artículo
         que nos envía María Ordóñez desde la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias; y para finali-
         zar esta sección,  Javier Requejo, del Ayuntamiento de Tarragona, analiza las oportunidades que ofrece
         la inteligencia artificial (IA) para transformar el ejercicio del control interno en el sector público local.


            El apartado de LEGALIDAD contiene un artículo de Mirta García, Sindicatura de Cuentas del Principado
         de Asturias, que pretende dar respuesta a cómo actuar cuando hay un conflicto entre la obligación de la
         Administración de prestar un servicio público y la inexistencia de un contrato administrativo tramitado de
         acuerdo con la legislación vigente.

















































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