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REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 86
Magdalena Jareño y José Antonio Arratibel, Go-
bierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, analizan las conclu-
siones derivadas del reciente informe emitido por
la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea
(ENISA) en relación con las ciberamenazas del sec-
tor sanitario en la UE.
Sandra Barrio, Cámara de Cuentas de Andalu-
cía, presenta el modelo MIASA–SP, diseñado para
auditar sistemas automatizados con rigor técnico,
jurídico y ético.
Desde la Cámara de Cuentas de Castilla–La Man-
cha, David García y Estefanía Aguado, presentan la
propuesta de un modelo para fiscalizar los estados
consolidados.
Jacinto Álvarez, Consello de Contas de Galicia,
titula su artículo “¿Control económico del narcotrá-
fico? La deficiente gestión y control de las subven-
ciones como posible vía para el blanqueo de capi-
tales”.
Desde el Tribunal de Cuentas, la colaboración
de José Antonio Monzó, Silvia Solanas y Leonar-
do Visconti explora la proyección de la ciencia del
dato para evaluar el impacto social de los informes
de fiscalización, incorporando técnicas de análisis
de datos para captar y procesar la información de
los grupos de interés en todas las fases de la fisca-
lización.
Atenea Melgarejo-Osborne, Cámara de Cuentas
de Andalucía, repasa los resultados de una audito-
ría operativa sobre la gestión de las residencias de
mayores de la Junta de Andalucía.
Por último, Julio García y Óscar González, Uni-
versidad de Castilla–La Mancha, examinan cómo
gobernanza y ciberseguridad se entrelazan para
sostener la credibilidad de la institución en un en-
torno de riesgos invisibles pero constantes.
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