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cas Andaluzas hacia el ENS a través de la Guía CCN-STIC
881”.
Desde el Tribunal de Cuentas nos hace llegar su co-
laboración Alfredo Campos, que analiza los trabajos pre-
sentados al premio del Grupo de Trabajo sobre Evalua-
ción de Políticas Públicas y Programas (WGEPPP) de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI).
El artículo de José María Cordero presenta una me-
todología parcialmente aplicada a la evaluación de una
economía doméstica, de forma que el resultado es el de
una evaluación con enfoque auditor.
Finalizamos la sección con la colaboración que des-
de la Cámara de Cuentas de Andalucía nos hacen llegar
María Luisa Martínez y Elisa Orellana, que lleva como
título “Riesgos en los ingresos públicos con especial re-
ferencia a las dificultades de gestión y seguimiento de los
derechos pendientes de cobro”.
El apartado de LEGALIDAD se abre con un artículo de
Mónica Llorente, de la Cámara de Cuentas de Aragón,
en el que defiende que la modernización de la fiscalización
no depende solo de la tecnología, sino también de una
organización interna capaz de atraer, desarrollar y aprove-
char el talento.
José Isaac Gálvez, del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna, aborda la implementación del Real
Decreto 424/2017 en la Administración Local, evidencian-
do la asimetría técnico–operativa entre la exigencia de un
“control eficaz” y la insuficiencia estructural de la planta
municipal española.
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