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La fiscalización de los riesgos emergentes de fraude en las entidades públicas

2002). La tardía reacción legislativa se materializó en la • En la retrocesión fraudulenta de pagos, en los que el
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven- beneficiario devuelve parte del importe de la factura
ciones, que introdujo un régimen jurídico completo sus- al proveedor, la detección de flujos financieros de en-
titutivo de la parca regulación prevista en la Ley General trada en la contabilidad o en extractos bancarios del
Presupuestaria, definiendo el concepto de subvención, beneficiario procedentes del proveedor.
las formas de concesión, la rendición de las cuentas jus-
tificativas y los procedimientos de control y sanción (Gó- • En la declaración de gastos inexistentes, a través de
mez Rivero, 2005). la creación de empresas fantasmas, la importante
proporción de costes abonados al mismo proveedor.
A pesar de ello, los escándalos públicos motivados por
la gestión fraudulenta de subvenciones se han reiterado • En la declaración de inversiones con sobrecostes,
en las portadas de los medios de comunicación. Entre dirigidos a empresas vinculadas al beneficiario, la
los primeros asuntos representativos, cabe destacar el desproporción del gasto realizado con el justificado
caso Urdangarín por la adjudicación unilateral de subven- por otros beneficiarios para bienes de la misma natu-
ciones para la celebración de foros sobre eventos depor- raleza.
tivos en 2005 y 2006, por cerca de 2 millones de euros,
cuya justificación no fue exigida por las autoridades pú- • En la declaración de adquisición de bienes no sumi-
blicas, conforme dictó la sentencia del Tribunal Supremo nistrados, la ausencia de experiencia previa de la em-
277/2018, 8 de junio (Zas Sande y Sixto García, 2019). presa proveedora en el sector.
Más tarde, el caso ERE por la concesión de subvencio-
nes para el pago de las primas de seguro de los expe- La constitución de organizaciones criminales internacio-
dientes de regulación de empleo concedidos a empresas nales es el último paso para esquilmar los bienes públi-
en crisis entre 2000 y 2009, en que se dictaminó, con- cos, entidades que constituyen mecanismos que com-
forme a la sentencia del Tribunal Supremo 749/2022, del binan los diversos instrumentos de defraudación. En la
13 de septiembre , que su concesión, prescindiendo de investigación de la OLAF (2019) en el caso del Fraude
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cualquier procedimiento, facilitó la producción de impor- en la promoción de productos agrícolas se detectó que
tes sobrecostes y la introducción de empleados ficticios una empresa de gestión de proyectos de promoción de
(Fernández Ajenjo, 2021). productos lácteos de la UE estableció una red de em-
presas fantasmas que, con el concurso de asociaciones
En la actualidad, la falsedad documental en la justifica- de productores agrícolas, facturaba servicios que incluso
ción de subvenciones continúa siendo el riesgo de fraude no se prestaban o se prestaban parcialmente y cuyos
más importante en esta materia. Las investigaciones de beneficios se blanqueaban en paraísos fiscales. Recien-
la OLAF han detectado numerosos casos en los que se temente, la Fiscalía Europea (EPPO, 2024) ha abierto la
imputaron costes excesivos o ficticios en subvenciones investigación ‘Resilient Crime’ por un presunto fraude
financiadas con fondos europeos mediante la utilización masivo en Italia, que supera los 600 millones de euros,
de las más variadas técnicas defraudatorias: la emisión con cargo a los Fondos Next Generation EU, en el que
de facturas por servicios o bienes inexistentes, la impu- se imputa la creación de una red criminal basada en em-
tación de costes por precios por encima del mercado, la presas ficticias para desviar fondos dirigidos a proyectos
falsificación de partes de asistencia a cursos o incluso de digitalización, innovación y competitividad empresa-
la justificación de “rebaños fantasmas” que teóricamen- rial. De forma similar, las investigaciones internacionales
te pastaban en acantilados de imposible acceso (OLAF, de la Fiscalía Europea (EPPO, 2025) han desvelado una
2018 y OLAF, 2019). posible trama de facturas falsas y desviación de gastos
para el cobro de subvenciones por 9,5 millones de eu-
La reacción preventiva de los auditores públicos debe ros, cuyos beneficios ilícitos se dirigían hacia empresas
consistir en integrar en los programas de fiscalización, si ficticias.
resulta pertinente tras la realización del correspondiente
análisis de riesgos, actuaciones adicionales de compro- Otra seria advertencia de riesgos de mal uso de los fon-
bación cuando se detecten las siguientes alertas rojas dos públicos deriva del riesgo de clientelismo en las sub-
(red flags). venciones de concesión directa, conforme a las senten-

16 Las sentencias del Tribunal Constitucional de junio y julio de 2024 (SSTC 90/2024, 93/2024, 94/2024 y 96/2024) han anulado total o parcialmente las condenas por pre-
varicación y malversación de altos cargos, ordenando a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar una nueva sentencia.

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