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REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 86
No es sólo que el formato sea mejorable, algo que es La respuesta es «sí», un sí rotundo. El Real Decreto
evidente, sino que la opción de texto libre en 2 preguntas 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base
pero no en la primera de ellas, demuestra el poco interés de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
en un participación efectiva. Un formulario que responda las subvenciones y demás ayudas públicas, señala en su
SÍ a las 3 preguntas, sería tan posible como una que res- artículo 2.3:
ponda NO a todas ellas. ¿En serio que un trámite como la
consulta pública se puede despachar con un intento tan “La BDNS también contendrá información acerca de
pobre de promover la participación? las condenas y sanciones consistentes en la prohibición
para acceder a nuevas subvenciones o ayudas públicas
El «mantra» habitual de que la Administración debe avan- impuestas mediante sentencias firmes en los supuestos
zar poco a poco, de que “menos es nada”, nos ha llevado señalados en la letra a) del apartado 13.2 o mediante re-
a esta situación durante años. soluciones firmes previstas en la letra h) del mismo apar-
tado de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”
.
Pero además en relación a la BDNS, la Ley 38/2003, de
2. Algunas áreas de riesgo y una 17 de noviembre, General de Subvenciones ya señalaba
propuesta de indicadores más simples en su artículo 20:
y eficaces para la prevención del “El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos,
blanqueo de capitales con origen referencia a las bases reguladoras de la subvención, con-
en la concesión de ayudas y subvenciones. vocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputan, objeto o finalidad de la subvención, identifica-
ción de los beneficiarios, importe de las subvenciones
Tal y como recoge el documento de la OCDE de 2021 de otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de
Estudios sobre la Gobernanza Pública titulado «La Lucha reintegros y sanciones impuestas.
contra el Fraude en las Subvenciones Públicas en Espa-
ña»: “La IGAE suele planificar sus actividades de control Igualmente contendrá la identificación de las personas
en función del análisis de la Base de Datos Nacional de o entidades incursas en las prohibiciones contempladas
Subvenciones (BDNS), que es una base de datos que en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La ins-
tiene información sobre las subvenciones de todas las cripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que
administraciones públicas y sus beneficiarios, y está ad- transcurran 10 años desde la fecha de finalización del pla-
.
ministrada por la IGAE” zo de prohibición”
.
Sin embargo, la propia IGAE realiza una descarga de res- La competencia para administrar la BDNS está atribuída
ponsabilidad sobre sus funciones acerca de la informa- a la IGAE en el art. 20 de la Ley, pero en el mismo artículo
ción que consta en la BDNS al indicar que la IGAE sólo la competencia para remitir la información de prohibicio-
administra la BDNS y la utiliza para su propio análisis de nes de ayudas/subvenciones se atribuye a los tribunales
riesgos, pero no es responsable de introducir los datos que hayan dictado las sentencias: “La prohibición de ob-
en la BDNS. tener subvenciones prevista en las letras a) y h) del apar-
tado 2 del artículo 13, será comunicada a la BDNS por el
Los organismos públicos, la Administración Local, la Tribunal que haya dictado la sentencia o por la autoridad
administración de Comunidades Autónomas, las funda- que haya impuesto la sanción administrativa; la comu-
ciones del sector público, entre otros, están obligadas nicación deberá concretar las fechas de inicio y finaliza-
a facilitar información a la BDNS. Pero, en todo caso, la ción de la prohibición recaída; para los casos en que no
IGAE no realiza evaluaciones de fiabilidad de datos en sea así, se instrumentará reglamentariamente el sistema
.
todos los datos. para su determinación y registro en la Base de Datos”
Sin perjuicio de las propuestas de «limpieza de datos» Sin embargo, a pesar de la aperente claridad de la ley,
que plantea el documento de trabajo de la OCDE, de- el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, aprovechó la
beríamos plantear un cuestión inicial para el tema que Disposición Adicional 24ª de la ley de subvenciones, «Co-
nos ocupa: con los sistemas de gestión y control actua- laboración del Ministerio de Justicia con la Intervención
les, ¿puede disfrutar de una ayuda o subvención pública General de la Administración del Estado», para diluir esa
una persona condenada por sentencia firme por un delito concreta obligación de los juzgados y tribunales en una
de tráfico de drogas a una pena de prohibición de recibir obligación de colaboración del ministerio competente en
subvenciones? materia de Justicia que, aparentemente, no se está cum-
pliendo en la actualidad:
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