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REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 86
Introducción.
El timo del CEO que sufrió la EMT Valenciana, con un
perjuicio económico de 4 millones de euros, ha puesto
en alerta a las entidades públicas y a los órganos de fis-
calización sobre los nuevos peligros que acechan a la pro-
tección de los caudales públicos. La consecuencia direc-
ta ha sido un fuerte daño financiero sobre esta empresa
pública y la repercusión por el Tribunal de Cuentas de la
responsabilidad contable sobre la persona que sucum-
bió a las añagazas de los estafadores , pero, además, ha
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puesto de manifiesto que los sistemas de control inter-
no corporativos pueden no encontrarse suficientemente
preparados para atender estos novedosos riesgos.
El riesgo de fraude siempre ha presentado una especial
idiosincrasia que exige un tratamiento específico respec-
to a los riesgos genéricos que deben afrontar las cor-
poraciones públicas y privadas. Los peligros que pueden
impedir alcanzar los objetivos estratégicos, operativos y
de cumplimiento (IAI, 2016) presentan habitualmente el
carácter accidental propio de hechos circunstanciales o
derivados del error: una modificación legislativa inespera-
da, una mala praxis en la selección de buenos proveedo-
res o una negligencia en los procesos productivos o en
la prestación de los servicios. En cambio, las contingen-
cias defraudatorias son, por naturaleza, intencionales y ción de los conceptos de fraude y corrupción, los princi-
dolosas (IAI, 2015), pues siempre esconden un propósito pales riesgos emergentes de esta naturaleza en que se
dañoso en supuestos como el funcionario malversador están viendo inmersos las organizaciones públicas.
que esquilma el dinero de las cuentas bancarias o el pro-
veedor que pretende entregar una mercancía de inferior
cantidad o calidad de la contratada.
Los conceptos de irregularidad, fraude
Si todo riesgo organizacional se encuentra afectado por y corrupción conforme a las directrices
múltiples factores externos o internos, la presencia de de la Unión Europea.
una persona o una organización criminal decidida a aten-
tar contra los intereses corporativos agudiza los peligros, En el contexto de la gobernanza y el control público, los
creando nuevas formas de defraudación cada vez más conceptos de irregularidad, fraude y corrupción constitu-
sofisticadas. Por lo tanto, toda entidad deberá prestar yen ejes fundamentales para el diseño de políticas anti-
especial atención para conocer y combatir los riesgos fraude La Comisión Europea, tras la crisis de la Comisión
emergentes de fraude que se introduzcan en su sector Santer de 1999 (Ordoñez Solís, 2016), ha desarrollado
económico. De la misma forma, los auditores públicos un marco normativo y técnico decidido y completo para
deben incluir en los programas de fiscalización nuevos proteger los intereses financieros comunitarios (Fuertes
objetivos y pruebas para comprobar que la entidad está López), 2014). En estos documentos, las malas praxis
preparada a nivel de control interno y operativo para ha- contra la buena administración de lo público se desglo-
cer frente a ataques espurios. san en tres niveles que, progresivamente, indican una
acentuación del reproche social y jurídico, como se pue-
A continuación, se expondrán, tras una breve considera- de observar en la figura adjunta.
1 La sentencia del Tribunal de Cuentas de 3 de junio de 2022 declaró la responsabilidad contable directa de la jefa del Área de Administración de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) de Valencia. El fallo de primera instancia fue confirmado en apelación por la sentencia de 31 de mayo de 2023, siendo inadmitido el recurso de casación
por el Tribunal Supremo en octubre de 2024.
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