Auditoría Pública
.- ¿Qué balance general realiza
de los dos primeros años de funcionamiento del Con-
sejo de Transparencia y Buen Gobierno?
El balance es muy positivo. En el año 2016, toda Es-
paña estaba en transparencia. Las Comunidades Autó-
nomas y las Entidades Locales asumieron su obligación
de suministrar la información a los ciudadanos que
ejercieran su derecho a saber. La Administración del
Estado contaba con un portal en el que aparecían unos
800.000 datos y al que se asomaron 4.000.000 de per-
sonas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
conseguía un espacio en la organización administrativa,
creciendo en confianza y mostrando su independencia
al defender sus resoluciones incluso ante los tribunales
de justicia, incluyendo si el recurrente era la propia Ad-
ministración.
El Consejo de Transparencia ha crecido muy rápida-
mente en competencias y responsabilidades aunque no
así en medios y recursos. En este momento tenemos in-
cluso menos personal que al inicio de nuestra andadura.
A pesar de eso, y con mucho esfuerzo, así como con la
ayuda de las ONG, la sociedad civil, las universidades,
etc... se han ido asumiendo muchos retos importantes.
También se ha elaborado una metodología propia
para la evaluación y seguimiento de la transparencia de
la actividad pública (MESTA), mediante un convenio de
colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
MESTA permite analizar los avances de la transparencia
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Se trata
de una metodología oficial propia, pegada a la ley y que el
Consejo cede gratuitamente a todos los organismos pú-
blicos y a todos los territorios para conseguir una orienta-
ción común que permita comparar los avances reales en
todo el territorio nacional.
En este proyecto, como en tantos otros, las relaciones
con las Comunidades Autónomas y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP) han sido muy
positivas. En el Consejo de Transparencia tenemos la
convicción de que solo si todos colaboramos, el proyecto
será un éxito.
También, hemos abierto la línea de relaciones inter-
nacionales con la incorporación del Consejo de Transpa-
rencia a la Red de transparencia y acceso a la información
pública (RTA) que integra a todos los organismos regu-
ladores del cono Sur. Esta incorporación del Consejo, ha
tendido un puente entre dos hemisferios, convirtiendo
una organización latinoamericana en una organización
hispanoamericana.
Sin embargo, no queremos ser complacientes y somos
conscientes de que aún queda mucho trabajo que realizar.
Hacer caer las barreras para el acceso a la información
pública, dotar al organismo de facultades inspectoras y
sancionadoras, realizar una autentica campaña de infor-
mación a los ciudadanos, formar tanto a los sujetos obli-
gados como a la ciudadanía en esta nueva responsabilidad
de control y participación en lo público, son asignaturas
pendientes por las cuales trabajamos todos los días.
AP.- Con la legislación puesta en marcha en mate-
ria de transparencia, ¿en qué posición considera que
se encuentra actualmente España en relación al resto
de los países de la Unión Europea?
La entrada de la transparencia en España ha tarda-
do 40 años desde la instauración de la democracia. Los
países de nuestro entorno llevan de media entre 10 y 15
de años de aplicación de leyes de transparencia, salvo
el caso especial de Suecia, que lleva 250 años desde la
aprobación de su ley.
Nos queda mucho camino por recorrer pero esta lle-
gada tardía no va sino a incentivarnos en un avance más
rápido para poder estar en breve plazo a los niveles del
resto de los países europeos. Para ello, será imprescindi-
ble contar con el compromiso político del Gobierno, la
colaboración con las Comunidades Autónomas y, por
supuesto, la responsabilidad en el ejercicio del derecho
de los ciudadanos, que son los destinatarios principales
de la ley.
AP.- Teniendo en cuenta la experiencia adquirida
en este tiempo, qué mejoras normativas o de funcio-
namiento considera convenientes introducir para po-
der reducir con mayor eficacia las zonas de opacidad
de las Administraciones públicas?
En lo que al Consejo de Transparencia y Buen Go-
bierno se refiere, reivindicamos desde hace mucho
tiempo la necesidad de que se atribuya al organismo
regulador competencias de inspección y sanción, que
son dos vectores que impulsarán la credibilidad del or-
ganismo y la obligatoriedad del cumplimiento de la ley
de transparencia.
En relación con el Portal de Transparencia de la Ad-
ministración General del Estado existe un amplio mar-
gen de mejora. En el Consejo de Transparencia nos he-
mos ofrecido como órgano asesor, que también lo es,
para trabajar y pulir todos los puntos débiles del Portal.
Entre ellos, sin duda, el tema del acceso que supone una
dificultad extraordinaria para el ciudadano común y
que, en cierta manera, tiene como consecuencia el esca-
so ejercicio del derecho de acceso. Solo 7000 peticiones
en dos años, frente a las 45000 del Reino Unido o las
34000 de Chile en su primer año.
La necesidad de formación a todos los sujetos obli-
gados y de compromiso con la sociedad en un proyecto
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Junio nº 69 - 2017
ENTREVISTA
