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Junio nº 69 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la transparencia se ha conver-
tido en un elemento clave para el objetivo de rendición
de cuentas (Fuchs, 2006; Shim y Eom, 2008; Andersen,
2009; Cullier y Piotrowski, 2009), por lo que la mayor
parte de las entidades públicas han tenido que adaptarse
a esa demanda de información por parte de la ciudada-
nía.
Según Kierkegaard (2009), “un buen gobierno debe
verse para ser real”, por lo que, si bien el concepto de
transparencia se puede tratar desde un punto de vista
aislado, en opinión de Muñoz Machado (1977) se debe
tratar con un enfoque completo, multidireccional e in-
tegral para materializar los principios de participación
ciudadana recogidos en numerosas Cartas Magnas.
Aunque no existe una norma global sobre transparen-
cia, cada país ha ido elaborando una normativa propia,
así como las diferentes regiones y municipios, obtenien-
do un amplio catálogo de normativa relacionada con
la transparencia y el acceso a la información (García-
Tabuyo, 2013).
Otra cuestión no desarrollada completamen-
te es la forma de medir la transparencia. Y es que,
a la hora de medir ésta, existen organismos que se
encargan de realizar índices de evaluación del grado de
transparencia. En España, la entidad más reconocida
en esta tarea es la organización no gubernamental
llamada Transparencia Internacional España, filial
del organismo Transparency International. Este
organismo elabora, anualmente y desde 2008, el Índice
de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) a los 110
municipios españoles con mayor población (Guillamón
et al., 2011a, b; Albalate, 2013), aunque presenta varios
límites en su aplicación, haciendo que la capacidad de
encontrar deficiencias en transparencia no sea eficaz
(Alonso y García-García, 2014).
Así pues, el objetivo de este trabajo es proporcionar
un mecanismo alternativo que permita superar ciertas
limitaciones de estos índices y mejorar la evaluación
en materia de transparencia, presentando un nuevo
índice que permita evaluar el cumplimiento de la Ley de
andaluza de transparencia, elaborado en colaboración
con la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación
Centro de Estudios Andaluces, aportando los niveles
de transparencia, elaborados a partir de esta nueva
metodología, para las ciudades andaluzas de más de
20.000 habitantes.
El estudio se estructura de la siguiente manera: en
la sección segunda se presenta la situación actual del
concepto de transparencia, siguiendo con un resumen
de la normativa existente, así como las distintas formas
existentes en la actualidad de evaluar la transparencia
y limitaciones de éstas. A continuación, se presenta la
propuesta metodológica, consistente en el desarrollo de
un nuevo índice. Seguidamente, en la tercera sección
se muestran los resultados obtenidos y, por último, se
encuentran las principales conclusiones.
2. UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRANSPA-
RENCIA
A lo largo de los últimos años, y como consecuencia
de la Crisis Económica mundial de 2008, la demanda de
información por parte de los ciudadanos a las entidades
públicas ha sido cada vez mayor (Gallastegui, 2014). En
otras palabras, los entes públicos han tenido que hacerse
más transparentes a la hora de rendir cuentas sobre su
gestión.
En este contexto, el término “transparencia”, es defini-
do como un flujo incremental de información oportuna y
contable de carácter económico, social y político, accesi-
ble a todos los actores afectados por una decisión pública
(Kauffmann and Kraay, 2002; Villoria, 2014). Otros au-
tores han considerado diferentes elementos en la defini-
ción de este principio. Concretamente, Matheson (2002)
define la transparencia como la publicación oportuna
y regular de información fiscal relevante, mientras que
Islam (2004) se centra en la disponibilidad temporal de
los datos económicos, así como, según Meijer (2003), la
transparencia es un elemento necesario para la rendición
de cuentas. Por otro lado, para Alonso y García, (2014)
la transparencia se ha convertido en un importante reto
de la sociedad, contribuyendo a evitar un mal uso de los
fondos públicos (Alonso y García-García, 2014). De otra
parte, para Andersen, (2009) la transparencia se consi-
dera un elemento esencial del buen gobierno respon-
sable, que conduce a la asignación más eficientes de los
recursos y, por tanto, a un mayor crecimiento económico
(Anti-Corruption Resource Centre - U4, 2012; Lizcano,
2013), convirtiéndose en una importante herramienta en
la participación ciudadana, prevención de la corrupción,
confianza en el gobierno, y un elemento esencial para
favorecer la información a la ciudadanía (Quinn, 2003;
Mulgan, 2007; Cullier y Piotrowski, 2009; Reylea, 2009;
Shuler et al., 2010).
El hecho de que la sociedad pueda formarse una opi-
nión a partir de la información sobre la organización, la
actividad o el gasto público y, de esta forma, participar
en las actuaciones que llevan a cabo las entidades públi-
cas, ha llevado a una aprobación generalizada de leyes
que regulan la transparencia y el acceso a la información
pública en todo el mundo (Guichot, 2014), siendo los
ayuntamientos los entes que más importancia deben dar
