en su polémica tribuna de “El País” al señalar: “que
los problemas de eficiencia que afectan a las UU.PP.
tienen su origen en factores externos a las mismas”, y
que entre ellos se incluye “la inadecuación de oferta a
la demanda de estudios ....está provocada en una parte
sustancial por la voluntad de las autoridades públicas
de extender la oferta territorial de las enseñanzas
universitarias, mediante la creación de nuevas
universidades y campus locales, con el objetivo de
aproximar los servicios universitarios a los usuarios…
Junto a ello, ha agudizado el problema la dejación del
ejercicio de sus competencias de coordinación del
mapa de titulaciones por parte de las CAs, sobre el que
tiene capacidad plena de autorización o no”.
Las UU.PP., bajo el manto de una financiación
pública que no discrimina entre titulaciones eficientes
e ineficientes, es poco probable que, de forma
individualizada, encuentren los estímulos y alicientes
adecuados para pilotar los procesos necesarios para
reordenar su oferta de títulos, por lo que debe ser laC.A.,
la que a nivel global, efectúe las propuestas necesarias
para reorganizar el mapa de titulaciones autonómico.
En un mercado libre en el que no puede, ni debe,
restringirse la implantación de nuevas titulaciones por
las U. privadas y en el que, en consecuencia, cada vez
va a existir una mayor competencia entre estas y las
UU.PP. para la captación de unos alumnos cada vez
más escasos, la C.A., en tanto principal financiadora
de las UU.PP. de su ámbito territorial, debe adoptar
decisiones que, de forma real, limiten la implantación y
promuevan la supresión de aquellas titulaciones en las
que no concurren los requisitos objetivos previamente
fijados relativos a demanda, financiación y vinculación
con el mercado de trabajo. Sólo así se podrá poner
fin a esa disparatada dinámica, garantizando un
uso más eficiente de los recursos públicos por parte
de las UU.PP., fomentando su especialización y
reorientando la oferta universitaria para lograr un
mapa de titulaciones sin redundancias, conectado con
la demanda docente y con las necesidades reales del
mercado laboral.
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Junio nº 69 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
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