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Junio nº 71 - 2018
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
Tabla 4. Indicios de riesgo. OTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS
1. Bases reguladoras sobre las subvenciones concedidas aparentemente inadecuadas, incompletas o con falta de claridad. Impor-
tantes o numerosas subvenciones concedidas sin los requisitos de publicidad o concurrencia. Inexistencia o inadecuados proce-
dimientos de control sobre la justificación de las subvenciones concedidas. Inexistencia de un Plan estratégico de subvenciones
o de un seguimiento del mismo. Falta de procedimiento sancionador en el ámbito de las subvenciones.
2. Para las subvenciones recibidas: solicitudes de reintegro de subvenciones importantes o numerosas.
3. Operaciones urbanísticas. Modificaciones del planeamiento urbanístico, recalificaciones y reclasificaciones aparentemente no jus-
tificadas. El planeamiento urbanístico no se adecua a las leyes de suelo estatal y autonómica. Aparentemente la valoración de las
operaciones urbanísticas y del aprovechamiento municipal del suelo (cuando se monetariza) no está soportado adecuadamente.
Ingresos urbanísticos no destinados a los fines establecidos legalmente. Informes técnicos insuficientes. Convenios urbanísticos
no justificados. Permutas. Operaciones inmobiliarias. Falta de estudio de impacto ambiental. Construcciones ilegales. Inventario
municipal del suelo inexistente o no actualizado. Falta de inspección urbanística.
4. Inexistencia de instrucciones internas o procedimientos escritos para la contratación de bienes y servicios (en desarrollo y aplica-
ción de la Ley de Contratos del Sector Público); o instrucciones inadecuadas No utilización pliegos de cláusulas administrativas
estandarizados. Uso aparentemente excesivo del procedimiento negociado, de la tramitación urgente o de contratos menores.
Indicios de fraccionamiento de contratos. Recepción de numerosos o importantes recursos en materia de contratación. Resolu-
ciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o del órgano equivalente en la Comunidad Autónoma con-
trarias a la entidad. Numerosas o importantes modificaciones en los contratos públicos. Contratos complementarios. Procesos
judicializados.
5. Falta de análisis sobre adecuación de tipos impositivos a las necesidades de la entidad local. Falta de actualización de padrones,
censos y listas cobratorias. Falta de actualización de valores catastrales y otros parámetros tributarios. Prescripción de derechos
pendientes de cobro (tributarios y no tributarios). Procedimientos inadecuados de recaudación en fase ejecutiva. Poca domicilia-
ción de cobros de tributos y precios públicos. Falta o inadecuados procedimientos de inspección tributaria.
6. Litigios. Gastos en asesoría legal elevados.
