1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la au-
ditoría operativa es una revisión independiente, objetiva
y confiable sobre si las acciones del gobierno operan de
acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y econo-
mía, y si existen áreas de mejora (INTOSAI, 2013, p. 2).
La finalidad de la fiscalización operativa radica en
proporcionar una valoración, total o parcial, de las ope-
raciones, los sistemas y los procedimientos de gestión
de la entidad, el programa o la actividad fiscalizada,
en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su
apego a los principios de buena gestión (Tribunal de
Cuentas de España, 2015, p. 6).
En este contexto, el propósito del presente artículo
de investigación consiste en desarrollar una propuesta
metodológica para que los Órganos de Control Externo
Autonómicos (OCEx) fortalezcan sus capacidades insti-
tucionales para llevar a cabo auditorías operativas, a fin
de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de los
programas y las instituciones gubernamentales de las
Comunidades Autónomas, en el marco de la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual fue adoptada
por España en 2015.
2. LA IMPORTANCIA DE LA FISCALIZACIÓN OPE-
RATIVA PARA LA AGENDA 2030
El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados que
forman parte de la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos España,
acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble”, la cual está integrada por 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y 169 metas de alcance mundial y
de aplicación universal (ONU, 2015)
1
.
El 13 de octubre de 2017, el gobierno español estableció
el “Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030”, con el pro-
pósito de: a) Coordinar la posición española y las actua-
ciones necesarias para el cumplimiento de los ODS, y b)
Establecer mecanismos de interlocución sobre la Agenda
2030 con las Comunidades Autónomas (BOE, 2017).
Por lo que a la fiscalización operativa se refiere, Ra-
món Álvarez de Miranda García, presidente del Tribu-
nal de Cuentas de España, ha señalado que las entida-
des fiscalizadoras, entre ellas los OCEx, deben asumir
un rol activo en el cumplimiento de la Agenda 2030. En
particular, reconoce que estas entidades tienen un papel
significativo en el logro del ODS núm. 16, que se refiere
a “Construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas”. Por ello, la fiscalización
no debe limitarse a verificar la mera gestión de los re-
cursos públicos, sino que también debe promover cam-
bios en la organización y el funcionamiento del sector
público (Álvarez de Miranda García, 2015, p. 54-55).
Sobre este aspecto, en el 23° Simposio de las Naciones
Unidas y la INTOSAI “Papel y Posibilidades de las EFS en
la Implementación del Desarrollo Sostenible”, se concluyó
que las entidades fiscalizadoras deberían tener, además de
mandatos para la práctica de auditorías financieras y de
cumplimiento, un mandato, recursos necesarios y capa-
cidades para llevar a cabo auditorías operativas, a fin de
fortalecer su papel de añadir valor a las áreas que abarcan
los ODS, para contribuir, de forma eficaz, en la implemen-
tación de estos objetivos (ONU / INTOSAI, 2015, p. 6).
En este contexto, los OCEx podrían contribuir acti-
vamente a la Agenda 2030, al llevar a cabo auditorías
operativas enfocadas en analizar los avances en el cum-
plimiento de los ODS y sus metas. Con base en estas au-
ditorías, los OCEx evaluarían la eficacia, la eficiencia y
la economía con las que actúen las instituciones guber-
namentales de las Comunidades Autónomas para lograr
los ODS, identificarían áreas susceptibles de mejora y
formularían las recomendaciones pertinentes.
Para ello, es necesario que los OCEx fortalezcan las
capacidades institucionales que les permitan realizar
auditorías operativas independientes, objetivas y con-
fiables, a fin de coadyuvar a emitir un posicionamiento
sobre el cumplimiento de los ODS y sus metas.
3. LA RELEVANCIA DE LA FISCALIZACIÓN OPERA-
TIVA PARA LOS OCEX
En la actualidad, el fortalecimiento de las capacidades
requeridas para la práctica de auditorías operativas con-
tinúa siendo un tema de interés por parte de los OCEx.
Al respecto, en la “XII edición de los Encuentros Téc-
nicos de los OCEx”, organizada en 2017, se concluyó que
estos órganos deben dejar de considerar a la auditoría
operativa como un reto, sino como una obligación. Asi-
mismo, se reconoció que existe una creciente necesidad
de incrementar la realización de auditorías operativas y,
especialmente, de auditorías sobre políticas públicas o
programas que enlacen la legalidad (contratación, con-
cesión de subvenciones, etc.), con el cumplimiento de
objetivos (ASOCEX, 2017, p. 2 y 8).
Por su parte, Roberto Fernández Llera, académico
de la Universidad de Oviedo, indica que los OCEx han
desarrollado una destacada labor en el control de regu-
laridad durante los últimos 30 años, pero ésta todavía es
escasa en materia de fiscalización operativa (Fernández
Llera, 2010, p. 135). Aunado a lo anterior, Antonio Arias
Rodríguez, Síndico de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, señala que suele recriminarse a
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Junio nº 71 - 2018
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
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En el
Anexo I
se enlistan los 17 ODS que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
