1. INTRODUCCIÓN
La transparencia y el acceso a la información públi-
ca son unos principios esenciales que la mayor parte de
la ciudadanía no pone en duda y, por ello, es necesario
poseer disposiciones donde se establezcan los sujetos
que están obligados a proporcionar la información, así
como el lugar en que se ha de publicar la misma y los
órganos que deben vigilar el cumplimiento de la nor-
ma.
Actualmente dichos principios están regulados en la
ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno aprobada por las Cortes Ge-
nerales. Esta norma regula el ámbito de aplicación de
la misma, la información que los organismos que inte-
gran el sector público deben publicar en sus portales de
transparencia, así como la composición, funciones y ré-
gimen jurídico del órgano al que corresponde promover
la transparencia de la actividad pública.
Cuando se analiza y compara el ámbito de aplicación
de la citada ley y el que se contiene en las diferentes nor-
mas reguladoras de los órganos de control externo se
encuentran elevadas coincidencias que pudieran llevar
a duplicidades si no existe una correcta coordinación
entre los diferentes organismos.
Asimismo, uno de los retos de la gestión pública es
dar respuesta al aumento de la exigencia ciudadana ante
las consecuencias colaterales generadas por la crisis
económica de los últimos años, principalmente la des-
confianza ciudadana ante los gestores públicos por los
diferentes casos de fraude y corrupción que han salido a
la luz. Para ello, parece indispensable un mayor protago-
nismo del control externo, reforzando la independencia
de las instituciones de control, abordando nuevos tipos
de trabajos e informes y abriendo las instituciones a la
sociedad.
2. LA TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Existen diferentes definiciones de transparencia,
pero podemos resumirlas en la idea de que es la capa-
cidad de una organización para divulgar información
sobre normas, procesos, acciones y resultados, tenien-
do en cuenta que los directivos y trabajadores de dichos
entes tienen la obligación de actuar de manera visible
y comprensible en la promoción de la participación y
rendición de cuentas.
Por otro lado, la transparencia económica constituye
uno de los objetivos que deben caracterizar a una socie-
dad moderna para garantizar una verdadera democra-
cia y una adecuada eficiencia económica, así como un
mínimo nivel de equidad social. Por lo tanto, es un ele-
mento esencial para el buen gobierno y conduce a una
mejor asignación de los recursos, a una mayor eficiencia
y a mejores perspectivas de crecimiento económico.
Si consideramos que este siglo ha sido llamado el de
la información y el conocimiento, consideramos que los
ciudadanos deberían tener una mínima información de
sus derechos fundamentales, es decir, un derecho a la
información a todos los niveles que debe ser impulsado
por las administraciones públicas, pero también por la
sociedad civil.
Además, la transparencia es un buen antídoto contra
la corrupción que, en los últimos años, se ha extendido
como un problema social ante el cual la sociedad debe
estar más vigilante y activa. Esta corrupción, entendido
como un abuso de poder en el sector público para be-
neficio privado, directo o indirecto, puede ser difícil de
medir pero debe ser fácil de controlar.
En este sentido, la economía ha sido una disciplina
que ha tenido relación con la transparencia, principal-
mente en el ámbito de su evaluación. Existe una crecien-
te sensibilidad en la búsqueda de métodos de aproxima-
ción e investigación para elaborar una metodología que
permita evaluar de forma objetiva el nivel de transpa-
rencia a través de un conjunto de indicadores, medidos
en unidades físicas y monetarias, que permitan elaborar
un análisis de la transparencia a partir de las magnitudes
resultantes y la comparación homogénea entre distintas
organizaciones y en diferentes momentos del tiempo.
Aunque anteriormente ya existían algunas normas
sectoriales que contenían algunas obligaciones concre-
tas de publicidad activa, sobre contratos o subvencio-
nes por ejemplo, dicha regulación resultaba insuficiente
para las exigencias sociales del siglo actual.
Por ello, en el año 2013, en España se aprueba una ley
denominada de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, que intenta acercarse a niveles
de países con mayor crecimiento económico y desarro-
llo social.
Los objetivos concretos de la citada ley son incre-
mentar y reforzar la transparencia de la actividad públi-
ca, reconocer y garantizar el acceso a la información, y
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben
cumplir los responsables públicos así como las conse-
cuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
En un primer apartado, la normativa recoge el ámbito
subjetivo de aplicación, donde incluye a todas las admi-
nistraciones públicas, organismos autónomos, agencias
estatales, entidades públicas empresariales, entidades de
derecho público, sociedades mercantiles en cuyo capital
social la participación directa o indirecta sea mayori-
taria, así como a los partidos políticos, organizaciones
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Junio nº 71 - 2018
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
